En una maniobra que evidencia la profundidad del caos administrativo en el sector salud, el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, ha solicitado la renuncia masiva de todos los agentes interventores de las EPS bajo control estatal. Lo que el Gobierno intenta presentar como una «evaluación de resultados» es, en realidad, la confirmación de que la estrategia de intervención no ha logrado detener el deterioro del servicio, el desabastecimiento de medicamentos y la asfixia financiera de la red hospitalaria.
Para el análisis técnico de esta crisis, el anuncio de Quintero deja en ridículo la tesis oficial de que la intervención era la solución a los problemas de las EPS. Si los interventores —nombrados bajo la confianza del actual Ejecutivo— deben ser removidos en bloque, la pregunta es inevitable: ¿En manos de quién ha estado la salud de millones de colombianos durante estos meses de intervención? Este «borrón y cuenta nueva» ocurre mientras los pacientes oncológicos y crónicos denuncian que la atención, lejos de mejorar, se ha fragmentado. La purga de interventores sugiere que el Gobierno ha detectado una incapacidad de gestión que ya no puede ocultar, confirmando que la toma administrativa de las aseguradoras ha sido más un ejercicio de control político que un plan de salvamento sanitario.
La inestabilidad en la Supersalud ha provocado reacciones contundentes. El exministro Alejandro Gaviria no tardó en señalar la falta de rigor en estas decisiones, calificando la situación como un síntoma de la degradación institucional del sector. Para Gaviria, la solicitud de renuncia masiva es la prueba de que el sistema carece de un rumbo técnico, sentenciando que “ya al final ponen a un payaso menor a justificar el exabrupto”.
Esta crítica cobra hoy más relevancia que nunca: mientras Quintero juega al «ensayo y error» con los cargos directivos del sistema, el gasto de bolsillo de los ciudadanos sigue aumentando y la desatención se cobra vidas que eran evitables bajo un modelo estable.
La salida de los interventores profundiza el Código Negro en el que se encuentra la salud:
- Parálisis Administrativa: El cambio de cabezas en las EPS intervenidas frenará aún más los procesos de pago y contratación con las IPS.
- Falta de Responsabilidad: ¿Quién responde por los errores de gestión cometidos por los interventores que hoy se van?
- Riesgo Operativo: La incertidumbre sobre quiénes serán los nuevos reemplazos —y si tendrán perfil técnico o político— mantiene en vilo a los pacientes que dependen de una autorización para seguir viviendo.
El pronunciamiento de Daniel Quintero marca un punto de no retorno. Si la intervención fracasó con los primeros elegidos, nada garantiza que una nueva tanda de funcionarios resuelva la crisis estructural de liquidez. Lo que queda claro es que el Sistema de Salud está siendo sometido a un experimento político donde el ciudadano común es quien paga los platos rotos de una gestión que hoy, por cuenta propia, se declara en crisis.