La advertencia emitida por la Contraloría General de la República no deja espacio para interpretaciones: las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud no solo no mejoraron, sino que hoy presentan un deterioro financiero y operativo aún más grave.
La advertencia emitida por la Contraloría General de la República no deja espacio para interpretaciones: las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud no solo no mejoraron, sino que hoy presentan un deterioro financiero y operativo aún más grave.
La entidad encargada de vigilar los recursos públicos concluyó que las intervenciones “no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema”. En otras palabras: el remedio prometido terminó profundizando la enfermedad.
Mientras el Gobierno defendía las intervenciones como una supuesta salvación del sistema, hospitales, clínicas, médicos y pacientes comenzaron a vivir una realidad distinta: medicamentos que no llegan, citas aplazadas, tratamientos suspendidos y deudas impagables.
Hoy, los números muestran el tamaño del colapso.
Nueva EPS, la más grande del país y bajo intervención estatal, no cuenta con estados financieros certificados para 2024 y 2025. La Contraloría encontró un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y otros $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.
Famisanar pasó de una condición financiera “aceptable” a un estado crítico. Savia Salud disparó su nivel de endeudamiento. Coosalud multiplicó sus pasivos. Y, según la Contraloría, en la mayoría de los casos el deterioro se aceleró después de la intervención de la Supersalud.
No se trata solo de balances contables.
Detrás de cada cifra hay pacientes esperando medicamentos para cáncer, niños sin especialistas, adultos mayores recorriendo farmacias vacías y familias enteras atrapadas en autorizaciones interminables.
La propia Contraloría alertó que ninguna de las ocho EPS intervenidas cumple completamente las tutelas relacionadas con el derecho a la salud. En el caso de Emssanar, el cumplimiento apenas llega al 4,48 %.
Y mientras la crisis avanza, las quejas explotan.
En 2025 se registraron más de 2 millones de peticiones, quejas y reclamos en salud, un incremento histórico del 27,4 %. Las principales razones: negación de medicamentos y demoras en citas médicas.
La pregunta es inevitable:
¿Quién responde por el deterioro de las EPS intervenidas?
¿Quién responde por los pacientes que quedaron atrapados en medio de decisiones administrativas y disputas ideológicas?
¿Quién responde por los hospitales quebrados mientras el Gobierno insistía en que todo estaba bajo control?
La Contraloría ya lanzó la advertencia.
La crisis dejó de ser una denuncia política para convertirse en una evidencia institucional.
El sistema de salud colombiano no se desplomó solo.
Fue sometido a decisiones que hoy muestran consecuencias reales sobre millones de pacientes.