El Instituto Nacional de Cancerología (INC) cierra sus puertas a nuevos pacientes de la Nueva EPS. Mientras Jorge Iván Ospina pide «tranquilidad», la realidad técnica revela una crisis inducida por el quiebre del flujo de recursos bajo control estatal.
La crisis inducida en el sistema de salud ha llegado a su punto más crítico y doloroso. El Instituto Nacional de Cancerología (INC), la institución insignia del país en la lucha contra el cáncer, se vio obligado a suspender el ingreso de nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS. Esta decisión, que pone en riesgo inminente la vida de miles de colombianos, es la consecuencia directa de una parálisis financiera que el Gobierno Nacional no ha podido, o no ha querido, resolver.
La gestión de la crisis: Promesas vs. Realidad
Ante la gravedad de la situación, el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, convocó una reunión de emergencia con las directivas del INC. Sin embargo, lo que el interventor presenta como una «búsqueda de alternativas», para los expertos es el síntoma de una intervención política fallida. Ospina, cuya designación ha sido cuestionada por su perfil político sobre el técnico, intentó calmar las aguas asegurando que «no habrá interrupción en la atención».
No obstante, las palabras de Ospina contrastan con el Código Negro que hoy viven los pasillos del INC. La suspensión de nuevos pacientes no es un evento aislado; es el resultado del «torniquete» financiero que la administración estatal ha impuesto sobre el flujo de recursos, impidiendo que los pagos lleguen a la red prestadora de alta complejidad.
El sector oncológico es el eslabón más sensible de la cadena. Cada día de retraso en un tratamiento de cáncer es una sentencia. Mientras la narrativa oficial del Gobierno habla de un «Pacto por la Vida», la ejecución operativa de la Nueva EPS bajo intervención demuestra que la ideología ha pasado por encima de la supervivencia del paciente.
Este episodio se suma al patrón de deterioro observado en todas las EPS intervenidas por el Gobierno de Gustavo Petro, donde el aumento de quejas y la ruptura de contratos con grandes prestadores se han vuelto la norma bajo el mando de funcionarios como Ospina y el respaldo del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
A pesar del mensaje de «tranquilidad» del interventor, la comunidad médica y las asociaciones de pacientes permanecen en alerta máxima. El resultado de las reuniones entre la Nueva EPS y el INC será la prueba reina: o se restablece el flujo real de dinero para salvar vidas, o se confirma que la intervención estatal es el «tiro de gracia» para el sistema de salud.
La salud en Colombia no solo está en urgencias; está bajo un ataque administrativo que hoy deja a los pacientes con cáncer en la incertidumbre más absoluta.