El Ministerio de Defensa iniciará pruebas tecnológicas con más de 100 empresas de 21 países para seleccionar el sistema que permitirá detectar, anticipar y neutralizar drones utilizados por grupos criminales.
El Gobierno nacional avanza en la implementación del Escudo Nacional Antidrones, una estrategia tecnológica que busca fortalecer la seguridad del país frente al creciente uso de drones en ataques y actividades criminales. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el sistema podría estar listo antes del segundo semestre de 2026, una vez se definan las empresas encargadas de suministrar la tecnología.
El proceso entrará en una fase clave el 23 de marzo, cuando comenzarán las pruebas técnicas de los sistemas antidrones en el país. Estas evaluaciones se extenderán hasta abril y permitirán determinar cuál de las propuestas internacionales cumple con los requisitos técnicos y operativos para ser implementada en Colombia.
Evaluación internacional de tecnología
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, más de 100 empresas provenientes de 21 países han manifestado interés en participar en el proyecto y presentar soluciones tecnológicas para enfrentar el uso ilegal de drones.
Para analizar estas alternativas, delegaciones colombianas han visitado varios países con el fin de conocer sistemas de defensa, tecnología antidrones y capacidades militares que permitan fortalecer la estrategia de seguridad nacional.
Durante las pruebas, expertos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional evaluarán el desempeño de los equipos en escenarios reales, verificando su capacidad para identificar, rastrear y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas en actividades ilícitas.
Inversión y objetivo del proyecto
El proyecto del Escudo Nacional Antidrones tendría una inversión estimada de 6,2 billones de pesos, de los cuales cerca de un billón se ejecutaría durante este año.
La iniciativa surge como respuesta al aumento del uso de drones por parte de grupos armados y organizaciones criminales, que han empleado estos dispositivos para ataques con explosivos, vigilancia ilegal y amenazas contra la población y la fuerza pública.
Con la implementación de este sistema, el Gobierno busca anticiparse a una tecnología que evoluciona rápidamente y fortalecer las capacidades de defensa del país frente a nuevas amenazas tecnológicas.