Una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia advierte que el congresista habría mentido bajo juramento durante el proceso de pérdida de investidura, en medio de las investigaciones por presunto uso de personal de su UTL en un negocio familiar.
El congresista del Pacto Histórico, David Racero, vuelve a estar en el centro de la controversia judicial tras conocerse que habría entregado testimonios falsos ante el Consejo de Estado durante el proceso relacionado con el denominado “caso Fruver”.
De acuerdo con información conocida por autoridades judiciales, una carta enviada a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia señala que Racero y uno de sus colaboradores habrían mentido bajo juramento ante el alto tribunal en medio del proceso que buscaba su salida del Congreso.
Señalamientos sobre uso de funcionarios públicos
El caso se originó por denuncias según las cuales el congresista habría utilizado a trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para realizar labores en un negocio familiar de frutas y verduras (fruver) mientras recibían salario con recursos públicos.
Ante el Consejo de Estado, Racero y el funcionario señalado negaron que este último hubiera trabajado en el establecimiento comercial o que desempeñara funciones como conductor del congresista.
Sin embargo, la carta remitida a la Corte Suprema asegura que existen mensajes de WhatsApp, audios y otras comunicaciones que indicarían que el trabajador sí habría realizado tareas relacionadas con el negocio familiar y con actividades personales del congresista.
Nuevas pruebas en manos de la justicia
Según el testimonio entregado a la justicia, el material incluiría al menos 17 conversaciones de WhatsApp en las que el funcionario presuntamente recibe instrucciones relacionadas con el manejo del Fruver, además de evidencias que indicarían que conducía vehículos del congresista y de su familia, incluido uno asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El denunciante también aseguró que algunos integrantes de la UTL de Racero habrían realizado pagos de gastos personales y familiares del político, incluyendo compras de víveres y otras obligaciones económicas.
Contexto del proceso judicial
El pasado 11 de febrero, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra Racero al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar el uso indebido de recursos públicos.
No obstante, esa decisión fue apelada por los demandantes, quienes pidieron que se escuche el nuevo testimonio y que se analicen las pruebas entregadas recientemente.
Mientras tanto, el caso también es objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia, que adelanta un proceso penal para determinar si existieron irregularidades relacionadas con el uso de personal del Congreso en actividades privadas.