La solicitud advierte riesgos para el Sistema de Salud y cuestiona la idoneidad del exalcalde, en medio de críticas por su eventual nombramiento
Una carta respaldada por más de 47.000 firmas solicita que no se concrete la posesión de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su designación.
La iniciativa, que circula en redes sociales bajo el título “No al nombramiento de Daniel Quintero”, está dirigida al presidente Gustavo Petro, así como a entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que intervengan en el proceso.
En el documento, los firmantes advierten que la llegada de Quintero al cargo podría profundizar la crisis del Sistema de Salud, en un momento crítico para el país, y plantean dudas sobre su capacidad para liderar la entidad encargada de la vigilancia y control del sector.
Entre los argumentos expuestos, los ciudadanos señalan la falta de experiencia específica en el sector salud y recuerdan que el exalcalde de Medellín enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos contra la administración pública, lo que, según los firmantes, podría afectar el ejercicio del cargo.
Además, distintos sectores —incluyendo académicos, organizaciones sociales y actores del sistema— han expresado preocupación por el perfil del designado, insistiendo en que la Supersalud requiere conocimiento técnico y altos estándares éticos para enfrentar los retos actuales.
El rechazo ciudadano se suma a críticas de gremios médicos y organizaciones de pacientes, que han advertido posibles riesgos para la sostenibilidad financiera y la calidad del servicio si no se garantiza una dirección técnica sólida en la entidad.
El eventual nombramiento de Quintero se da en un contexto de tensiones en el sistema de salud, marcado por problemas en la atención, suministro de medicamentos y dificultades operativas en varias regiones del país.
Por ahora, el proceso de designación no se ha formalizado, pero el creciente número de firmas y pronunciamientos aumenta la presión sobre el Gobierno para reconsiderar la decisión.
El caso continúa generando debate público y podría derivar en revisiones institucionales, en un momento clave para el futuro del sistema de salud en Colombia.