Mientras el mandatario utiliza el aumento de quejas para justificar la revocatoria de licencias a las EPS privadas, las entidades bajo control del Estado reportan incrementos de hasta el 144% en sus reclamos.
En su alocución del pasado 27 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro presentó un ranking de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) por cada 10.000 afiliados. El objetivo del mandatario fue señalar fallas en varias EPS privadas para justificar la posible revocatoria de sus licencias de funcionamiento.
Sin embargo, datos de la Procuraduría General de la Nación y diversos informes técnicos revelan una realidad distinta: las EPS intervenidas por el propio Gobierno también registran un aumento significativo de quejas, lo que pone en duda la selectividad de las cifras oficiales.
El deterioro de las EPS bajo control estatal
Los reportes oficiales indican que el volumen de PQR en las entidades administradas por el Gobierno subió, en promedio, un 51,4% entre 2023 y 2025. El patrón de deterioro es evidente en los casos más emblemáticos:
- Sanitas (intervenida en abril de 2024): Antes de la intervención reportaba entre 14.000 y 16.000 PQR mensuales. Bajo control estatal, las quejas superaron las 20.000 mensuales.
- Nueva EPS: La entidad más grande del país registró un aumento del 107% en quejas durante 2025, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
- Capresoca: Presentó el incremento más drástico con un 144% en el volumen de reclamos.
- Coosalud: Acumuló más de 107.000 quejas a diciembre de 2025, con un alza del 32%.
Aquí es donde la responsabilidad se vuelve innegable: Luis Carlos Leal, como uno de los principales artífices y ejecutores de las intervenciones, junto con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, son directamente responsables del desastre.
Bajo su dirección se tomaron EPS que funcionaban y se convirtieron en verdaderos cementerios de quejas y tutelas. Lo que vendieron como “rescate” terminó siendo un experimento ideológico fallido que solo agravó el sufrimiento de millones de colombianos.
Críticas por «uso parcializado» de las cifras
La oposición ha calificado de «selectiva» la narrativa del Ejecutivo. Senadores como María Fernanda Cabal, Andrés Forero y Jennifer Pedraza señalaron que el presidente ignora deliberadamente el deterioro de las entidades bajo su control directo, enfocando el ataque exclusivamente en las EPS que aún no han sido intervenidas.
Por su parte, ACEMI (el gremio de las EPS) advirtió que este fenómeno no responde a una mala gestión exclusiva de los privados, sino a una crisis estructural del sistema. Problemas de financiación, fallas en el giro directo y la saturación de la red prestadora han generado un efecto dominó que afecta a todas las aseguradoras por igual.
Un panorama de incertidumbre
Mientras el Gobierno insiste en endurecer la regulación y retirar licencias, los datos muestran que el control estatal no ha sido la solución a los problemas de los usuarios. La discusión por las PQR es solo la punta del iceberg de un sistema marcado por:
- Una millonaria deuda hospitalaria.
- Desabastecimiento de medicamentos.
- Demoras críticas en la atención de pacientes.
La evidencia sugiere que, independientemente de la administración (privada o estatal), el sistema de salud enfrenta dificultades graves que la narrativa oficial no logra cubrir.