La muerte de Kevin Acosta fue una sentencia firmada en los despachos del Ministerio de Salud. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro insiste en un «Pacto por la Vida», la realidad forense de Colombia en 2026 dicta lo contrario: una demanda contra la Nación por negligencia y omisión pone al descubierto cómo la ideología mató la continuidad del tratamiento de un niño con hemofilia.

La demanda de la familia de Kevin Acosta, radica su fuerza en la interrupción del tratamiento, una responsabilidad que recae directamente sobre el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Bajo su gestión, el Ministerio ha sido señalado de no ajustar la UPC y retrasar los pagos de Presupuestos Máximos, Jaramillo estranguló la capacidad de las EPS e IPS para adquirir medicamentos de alto costo como los que Kevin necesitaba. A pesar de las alertas de desabastecimiento, el ministro priorizó la confrontación política sobre la logística de suministro, convirtiendo un trámite de farmacia en una sentencia de muerte.

La demanda salpica al gabinete de salud por permitir que el modelo de «crisis explícita» heredado de Carolina Corcho, pasara de la teoría a los hospitales. Actores como Félix León Martínez (ADRES), por el represamiento de recursos, y el círculo cercano de Petro, son señalados como cómplices de un sistema que hoy prefiere financiar «Equipos Básicos» que medicamentos vitales.

La familia del niño busca justicia, y sobretodo, que el país entienda que el sistema falló una vez más.  Mientras el ministro Jaramillo se escuda en discursos de soberanía sanitaria, los pacientes de hemofilia y otras enfermedades huérfanas están viviendo el Código Negro: un estado de desprotección total donde el Estado es el principal agresor.

El «Pacto por la Vida» ha muerto con Kevin. Lo que queda es un rastro de demandas que apenas comienzan a documentar el fracaso de una gestión que antepuso el control político a la supervivencia de los colombianos.