La diligencia se produce un día después de que la representante Gloria Arizabaleta emitiera un auto que ordenaba la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, una decisión que desató un intenso debate jurídico y político en el país.

La Corte Suprema de Justicia realizó una inspección al despacho de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en medio de la controversia generada por el auto mediante el cual ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política durante la campaña presidencial.

La diligencia judicial se llevó a cabo pocas horas después de que la congresista quedara en el centro de una tormenta política y jurídica por una decisión que diversos expertos constitucionalistas, congresistas y funcionarios calificaron como contraria a los procedimientos establecidos en la Constitución.

La controversia comenzó cuando Arizabaleta, actuando como investigadora dentro de un proceso por presunta participación en política del mandatario, firmó un auto en el que ordenaba la suspensión temporal de Gustavo Petro hasta después de la segunda vuelta presidencial.

La medida se sustentó en una investigación relacionada con varios mensajes publicados por el jefe de Estado en la red social X entre el 6 y el 9 de junio, los cuales, según la representante, podrían constituir una intervención indebida en el proceso electoral.

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos inmediatos debido a que la Constitución establece que una eventual suspensión de un presidente requiere un procedimiento que involucra a la Comisión de Acusaciones, la plenaria de la Cámara de Representantes y, finalmente, al Senado de la República, que es el órgano con la facultad de adoptar una medida de esa naturaleza.

En medio de las denuncias y cuestionamientos que surgieron tras la expedición del auto, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia adelantaron una inspección en el despacho de la congresista para recaudar información relacionada con el expediente y las actuaciones adelantadas dentro del proceso.

La diligencia ocurre mientras distintas autoridades evalúan las actuaciones realizadas por la representante y se revisan posibles denuncias relacionadas con la legalidad de la decisión adoptada.

Luego de la ola de críticas recibidas desde distintos sectores políticos y jurídicos, la representante emitió una adición al auto inicial en la que aclaró que la suspensión no podía ejecutarse de manera automática y que debía ser discutida y votada por la Comisión de Investigación y Acusación.

Con esa rectificación, la congresista reconoció que cualquier determinación de ese alcance debía surtir los procedimientos constitucionales correspondientes antes de avanzar hacia instancias superiores.

Paralelamente a la inspección judicial, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Gloria Arizabaleta de su cargo como representante a la Cámara hasta la finalización de su periodo legislativo, prevista para el próximo 20 de julio.

El organismo disciplinario consideró que la actuación de la congresista podría constituir una falta gravísima e incluso advirtió que los hechos podrían tener implicaciones penales que deberán ser evaluadas dentro de las investigaciones correspondientes.

La decisión inicial de Arizabaleta provocó reacciones de rechazo tanto desde sectores oficialistas como de oposición. El presidente del Senado, Lidio García, afirmó que la medida era «abiertamente ilegal e inconstitucional», mientras que otros congresistas señalaron que un investigador individual no tiene competencia para suspender al jefe de Estado.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó la actuación de la representante y sostuvo que la decisión carecía de validez jurídica, además de anunciar que el caso debía ser evaluado por las autoridades competentes.

La inspección adelantada por la Corte Suprema se suma a las investigaciones disciplinarias y judiciales abiertas tras uno de los episodios institucionales más controvertidos de las últimas semanas.

Mientras avanzan las verificaciones de las autoridades, el debate se concentra ahora en determinar si las actuaciones de la congresista se ajustaron o no a las competencias establecidas por la Constitución y la ley, así como en establecer las eventuales responsabilidades derivadas de la expedición del polémico auto contra el presidente de la República.