La primera fase pone foco en destrabar medicamentos y procedimientos pendientes de más de un millón de usuarios.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes, la primera fase de su plan de choque para el sistema de salud, una estrategia extraordinaria y temporal que busca poner al día atenciones que permanecen represadas. Según las cifras presentadas por el Gobierno, son 1.069.196 usuarios los que tienen pendientes medicamentos o procedimientos médicos, entre ellos pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, trasplantes y otras patologías.
La medida llega después de que, según las cifras expuestas por el mandatario, entre enero y julio de 2026 se registraran 1.220.142 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud. El Gobierno señaló que el 92 % estaría relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud. La primera fase se concentrará en identificar a los pacientes afectados, determinar qué atención tienen pendiente, establecer quién debe garantizarla, gestionar los recursos y hacer seguimiento hasta comprobar que el servicio fue efectivamente prestado.
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¿Qué es exactamente el plan de choque?
No se trata, según lo anunciado por el Gobierno, de sustituir a las EPS ni de cambiar de inmediato el sistema de aseguramiento. La primera fase está planteada como un mecanismo extraordinario y temporal para resolver atenciones que ya están pendientes.
El objetivo es que el caso de un paciente no se considere solucionado simplemente porque una reclamación fue cerrada administrativamente. El Gobierno plantea hacer seguimiento hasta comprobar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento se realizó.
¿A quiénes se atenderá primero?
La prioridad se establecerá de acuerdo con el nivel de riesgo del paciente.
En primer lugar estarán las personas con mayor riesgo para la vida o con posibilidad de perder la respuesta al tratamiento. En este grupo aparecen pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, VIH y otras condiciones de alto impacto.
Después se atenderán los casos de personas con riesgo de hospitalización o de sufrir eventos agudos. Allí aparecen pacientes con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, algunas gestantes que requieren tratamientos esenciales y otras patologías que pueden empeorar si no reciben atención.
Posteriormente se contemplan los pacientes que tengan medicamentos o citas pendientes.
¿Qué tendrá que pasar con un paciente que tiene un medicamento pendiente?
El plan contempla cuatro pasos.
Primero, identificar al paciente y determinar qué atención tiene pendiente.
Segundo, establecer exactamente qué medicamento o procedimiento necesita y quién tiene la responsabilidad de garantizarlo.
Tercero, gestionar los recursos necesarios para que esa atención pueda realizarse.
Cuarto, hacer seguimiento hasta comprobar que el paciente recibió el medicamento o que el procedimiento fue realizado.
En otras palabras, para el ciudadano la principal novedad anunciada es que el Gobierno pretende pasar de registrar una queja a hacer seguimiento al caso hasta su solución efectiva.
¿Cuántas personas están incluidas?
De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno, la primera fase alcanzaría a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y a más de 300.000 pacientes que esperan procedimientos. En total, la cifra anunciada es de 1.069.196 personas.
Las EPS deberán identificar, reportar y gestionar los casos pendientes dentro de la estrategia, cuyo desarrollo está previsto entre septiembre y diciembre de 2026.
¿Qué pasará con las EPS?
El plan contempla un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida a las EPS, con una tasa de interés del 0 % y un periodo de gracia de un año, según anunció el Gobierno.
La finalidad declarada es generar liquidez para atender los servicios que están incluidos en el plan. El presidente también señaló que el Estado no pagará nuevamente servicios que ya hayan sido cancelados.
Esto significa que la medida no supone que las EPS queden liberadas de sus obligaciones habituales con los afiliados. El propio Gobierno ha señalado que el plan es temporal y no reemplaza las responsabilidades permanentes de las entidades encargadas de garantizar la atención.
¿Quién vigilará el dinero y el cumplimiento?
Para controlar la ejecución se anunció una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.
La Superintendencia tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las EPS y podrá actuar ante los incumplimientos que se detecten.
¿Qué significa esto para el ciudadano?
Para una persona que actualmente espera un medicamento o un procedimiento incluido en la estrategia, el cambio anunciado consiste principalmente en que su caso debería ser identificado, clasificado según su nivel de riesgo y seguido hasta comprobar la prestación del servicio.
Por ejemplo, si un paciente tiene un medicamento ordenado que no ha recibido, el objetivo del mecanismo es identificar esa situación, establecer qué entidad debe garantizar la entrega, gestionar los recursos necesarios y verificar finalmente que el medicamento llegue al paciente.
En el caso de una persona que espera una cirugía o un procedimiento, la lógica sería similar: identificar el caso, determinar quién debe responder, movilizar los recursos necesarios y comprobar que la atención se realice.
Sin embargo, el anuncio del plan no significa que todos los medicamentos o procedimientos pendientes vayan a ser entregados inmediatamente. La estrategia establece una priorización según el riesgo y se encuentra en fase de implementación. El Gobierno espera comenzar la primera fase antes de finalizar septiembre de 2026.
¿Qué tiene que hacer el paciente?
Por ahora, el plan anunciado se basa en la información que ya tienen las autoridades, las EPS y los sistemas de reclamaciones. El Gobierno no ha indicado que los pacientes tengan que pagar, inscribirse en un programa especial o presentar una nueva solicitud para quedar incluidos.
Por eso, quienes tengan un medicamento, cita o procedimiento pendiente deberían mantener actualizada su información ante su EPS y conservar las órdenes médicas, autorizaciones, solicitudes y reclamaciones realizadas, ya que esos documentos permiten acreditar la atención pendiente.
La primera fase será de carácter nacional y estará bajo seguimiento del Ministerio de Salud, la Supersalud y la ADRES.
Una medida temporal para intentar descongestionar el sistema
El plan de choque anunciado por Abelardo de la Espriella está planteado como una intervención temporal para atender el represamiento existente. Su primera fase se concentra en pacientes que ya tienen una atención pendiente y establece una ruta que va desde la identificación del usuario hasta la comprobación de que recibió el servicio.
El resultado final dependerá de la ejecución de estas medidas, de la disponibilidad de recursos y de la capacidad de las EPS y de la red de prestadores para responder a las atenciones identificadas. Por ahora, lo anunciado es el comienzo de la implementación, no la conclusión del proceso.
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