El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la suspensión provisional que había frenado la intervención de la Superintendencia de Salud sobre Coosalud y ordenó devolver inmediatamente el control total de la EPS al Gobierno.
La decisión deja nuevamente bajo intervención estatal a una de las EPS más grandes del país, con más de 3,3 millones de afiliados, mientras la SuperSalud avanza en el nombramiento de un nuevo agente interventor.
El episodio vuelve a poner en evidencia el nivel de inestabilidad que hoy rodea a varias de las entidades más importantes del Sistema de Salud.
La preocupación crece porque las intervenciones fueron presentadas como mecanismos para estabilizar financieramente las EPS y garantizar la atención de los usuarios.
Sin embargo, distintos organismos de control ya han advertido que varias entidades intervenidas muestran deterioro financiero, aumento de deudas y dificultades operativas incluso después de haber pasado al control estatal.
En el caso de Coosalud, el regreso de la intervención abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro operativo y financiero de la EPS, justo cuando el Sistema de Salud atraviesa uno de sus momentos más delicados porque detrás de cada cambio de control hay consecuencias directas sobre hospitales, médicos, proveedores y pacientes que dependen diariamente del funcionamiento de estas entidades.
La pregunta vuelve a aparecer:
¿Las intervenciones están estabilizando realmente el Sistema de Salud o están profundizando la incertidumbre dentro del sistema?