Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones advierte un aumento superior al 50 % en las muertes bajo custodia estatal y señala graves problemas de salud, sobrepoblación y deterioro de las condiciones penitenciarias.
Al menos 158 personas privadas de la libertad murieron durante 2025 en las cárceles de Venezuela, según cifras divulgadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización que atribuye gran parte de estos fallecimientos al hacinamiento, la falta de atención médica y las precarias condiciones de reclusión. La cifra representa un incremento superior al 50 % frente a 2024, cuando se reportaron 105 fallecimientos bajo custodia estatal.
De acuerdo con el informe presentado por la organización, entre las víctimas registradas figuran tres presos políticos, mientras que la mayoría de las muertes estarían relacionadas con enfermedades no tratadas, retrasos en la atención médica, infecciones, cuadros de desnutrición y deficiencias estructurales dentro del sistema penitenciario venezolano.
La crisis carcelaria en Venezuela ha sido objeto de denuncias constantes durante los últimos años por parte de organizaciones nacionales e internacionales. Diversos reportes señalan problemas persistentes como sobrepoblación carcelaria, retrasos judiciales, infraestructura deteriorada y escasez de alimentos y medicamentos.
Según datos del OVP, la capacidad instalada del sistema penitenciario venezolano continúa siendo insuficiente frente al número de internos. Informes recientes advierten que algunos centros presentan niveles de ocupación considerados críticos, situación que ha contribuido al deterioro de las condiciones sanitarias y al aumento de enfermedades dentro de los penales.
La situación también ha generado alertas sobre las condiciones de personas detenidas por razones políticas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que varios reclusos fallecidos en años recientes habrían presentado problemas médicos sin recibir tratamiento oportuno, mientras familiares continúan exigiendo mejores condiciones de reclusión y acceso a atención especializada.
En los últimos meses, además de los reportes sobre fallecimientos, se han conocido denuncias sobre motines, protestas internas y manifestaciones de reclusos que reclaman mejores condiciones de vida, incluyendo acceso a medicamentos, alimentación adecuada y garantías básicas dentro de los centros penitenciarios.
El informe reabre el debate sobre la situación del sistema penitenciario venezolano, que desde hace más de una década enfrenta cuestionamientos relacionados con derechos humanos, condiciones sanitarias y capacidad institucional para garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.