La reciente ofensiva del Gobierno vuelve a poner el foco sobre una organización con presencia en varios departamentos del norte de Colombia.
La orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella de reforzar militarmente la seguridad de Santa Marta después de una jornada de violencia volvió a poner a Los Pachenca en el centro de la crisis de orden público del Caribe colombiano.
La decisión se produjo después de varios hechos violentos atribuidos a retaliaciones de la organización tras la muerte de alias Cholo, identificado como uno de sus cabecillas. Entre los episodios reportados estuvo la quema de una tractomula en la Troncal del Caribe, además de amenazas contra comerciantes, transportadores y habitantes.
Pero ¿quiénes son Los Pachenca, cómo llegaron a tener influencia en esta zona y por qué su capacidad para generar violencia preocupa a las autoridades?
De las estructuras paramilitares a Los Pachenca
El origen de esta organización se remonta a las estructuras armadas que durante décadas tuvieron presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Uno de los principales antecedentes está en los grupos creados alrededor de Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Patrón’, que posteriormente hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La estructura pasó por distintas denominaciones hasta convertirse en el Bloque Resistencia Tayrona, que se desmovilizó en 2006. Sin embargo, la desmovilización no significó el final de las redes criminales que habían construido poder en la zona.
De ese proceso surgieron nuevas estructuras y, con el tiempo, comenzó a consolidarse la organización conocida como Los Pachenca, que posteriormente adoptó el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El cambio de nombre no supuso la desaparición de la estructura. Por el contrario, la organización conservó parte de sus redes territoriales y familiares y adaptó su actividad a nuevas disputas por las rentas ilegales.
¿Dónde tienen presencia?
El principal territorio de influencia de las ACSN está en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, aunque la organización ha buscado ampliar su presencia hacia otros departamentos.
La Defensoría del Pueblo identificó en diciembre de 2025 un escenario de riesgo para 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, en medio de la disputa entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia por el dominio de territorios estratégicos.
Entre los municipios advertidos están Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca, en Magdalena; Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar y otros municipios de La Guajira; además de Valledupar, El Copey y Bosconia, en Cesar.
La expansión no se ha limitado a esta zona. En marzo de 2026, la Defensoría emitió una alerta por la presencia de las ACSN en Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander, y advirtió sobre su intención de controlar un corredor estratégico hacia Santander, el sur de Bolívar y el Catatumbo.
¿De qué viven?
El poder de Los Pachenca no depende únicamente de su capacidad armada. Una parte fundamental de su funcionamiento está relacionada con las economías ilegales.
Entre las actividades señaladas por las autoridades y organismos de investigación aparecen el narcotráfico y la extorsión, además del control de corredores utilizados para el movimiento de drogas.
La ubicación de la Sierra Nevada resulta estratégica por su conexión con la costa Caribe y por los corredores terrestres y marítimos que atraviesan la región. InSight Crime señala que las ACSN han construido redes de extorsión sobre comerciantes y residentes y que también han intervenido en negocios ilegales relacionados con tierras.
La Policía ya había documentado años atrás el control de rutas de narcotráfico y actividades de extorsión atribuidas a Los Pachenca en Santa Marta y municipios cercanos, incluidos sectores de la Troncal del Caribe.
Una estructura que se ha fragmentado y reorganizado
La historia reciente de Los Pachenca está marcada por la muerte o captura de varios de sus principales integrantes.
La organización sufrió golpes importantes a partir de 2019, entre ellos la captura de uno de sus mandos y la muerte de Jesús María Aguirre, conocido como ‘Chucho Mercancía’. Después, el liderazgo pasó por diferentes manos y la estructura adoptó progresivamente el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Entre los nombres asociados a la dirección de la organización aparecen los hermanos Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, además de otros mandos regionales.
La estructura, sin embargo, no funciona únicamente alrededor de una figura. Su capacidad de supervivencia también está relacionada con redes locales, mandos territoriales y estructuras de apoyo que permiten mantener presencia incluso después de golpes contra algunos de sus dirigentes.
¿Por qué representan una amenaza para la población?
El principal riesgo no está solamente en los enfrentamientos entre grupos armados. La disputa por el territorio tiene consecuencias directas sobre las comunidades.
La Defensoría ha documentado amenazas, homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos y restricciones a la movilidad en distintos territorios donde existe confrontación o disputa por el control.
En su alerta de diciembre de 2025, la entidad calificó como alto el nivel de riesgo general en la zona y señaló que, para la población civil, el escenario alcanzaba un nivel extremo debido a las graves vulneraciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que podían producirse.
La extorsión es uno de los mecanismos utilizados para ejercer control. También lo son las amenazas y los homicidios selectivos. En determinadas zonas, el objetivo no es únicamente obtener dinero, sino imponer reglas sobre la actividad económica y la movilidad de la población.
Eso explica por qué un enfrentamiento entre estructuras criminales puede terminar afectando a personas que no forman parte de ellas.
El frente que mantiene abierto con el Clan del Golfo
Uno de los principales factores que explica la violencia reciente es la disputa entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo.
La Defensoría ha advertido que ambos grupos buscan consolidar posiciones en territorios estratégicos de Magdalena, La Guajira y Cesar. En algunos lugares existen dominios fragmentados y situaciones de coexistencia temporal, mientras que en otros la confrontación es abierta.
El objetivo es controlar territorios y corredores que tienen valor para las economías ilegales. Por eso, el conflicto no se limita a una lucha por quién ocupa determinado municipio: también está relacionado con el control de rutas, mercados y fuentes de financiación.
Los golpes recientes no han desarticulado la organización
En septiembre de 2026 las autoridades han asestado nuevos golpes a las ACSN.
El 4 de septiembre murió en un operativo policial Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como comandante del frente Javier Cáceres de la organización en La Guajira. Días después, fue abatido José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, uno de los mandos de la estructura.
La muerte de ‘Cholo’ fue seguida por las acciones violentas que llevaron al Gobierno a ordenar el refuerzo militar de Santa Marta.
La Presidencia confirmó que el Gobierno no permitirá restricciones a la movilidad ni los llamados paros armados anunciados por la organización y señaló que la Fuerza Pública actuará contra las estructuras criminales dentro del marco constitucional y legal.
Una organización con décadas de arraigo
La dificultad para desarticular a Los Pachenca está relacionada con algo que va más allá del número de hombres armados que tenga actualmente la organización.
Su historia está vinculada a décadas de presencia de estructuras armadas en la Sierra Nevada, a redes familiares y locales y al control de corredores estratégicos para actividades ilegales.
Por eso, cada golpe contra un cabecilla puede modificar el equilibrio interno sin necesariamente eliminar la estructura.
La reciente crisis de Santa Marta muestra precisamente esa dinámica: la muerte de mandos importantes fue seguida por acciones de retaliación y por una respuesta militar del Estado.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en capturar o abatir a los dirigentes. También pasa por impedir que las estructuras criminales mantengan el control territorial, cortar sus fuentes de financiación y garantizar que las comunidades puedan desarrollar su vida cotidiana sin amenazas ni imposiciones armadas.