El proyecto busca crear una lista de organizaciones y actores terroristas, congelar sus activos y endurecer penas por varios delitos.
El presidente Abelardo de la Espriella, anunció que llevará al Congreso un Estatuto Antiterrorista con el que busca ampliar las herramientas jurídicas del Estado para combatir a las organizaciones armadas y criminales. La propuesta contempla nuevos mecanismos de identificación de grupos terroristas, medidas contra sus recursos económicos y cambios en las sanciones penales. Sin embargo, sus disposiciones todavía deben superar el proceso legislativo correspondiente.
La iniciativa forma parte de la estrategia de seguridad del Gobierno y ha abierto un debate sobre el alcance de las facultades estatales, los controles judiciales y las garantías de los derechos fundamentales.
¿Qué propone el Estatuto Antiterrorista?
Uno de los ejes centrales del borrador conocido por Caracol Radio es la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una lista pública que permitiría identificar a las organizaciones y personas incluidas bajo los criterios previstos en la iniciativa.
Según ese documento, una instancia técnica elaboraría los expedientes y el Consejo de Seguridad Nacional decidiría sobre las inclusiones. La inscripción tendría consecuencias económicas y administrativas, por lo que los criterios para incorporar a alguien al registro y los mecanismos para impugnar esa decisión serán puntos centrales de la discusión.
Entre las principales medidas contempladas están:
- Congelamiento de activos: las entidades financieras tendrían que bloquear fondos y recursos de las personas u organizaciones incluidas en el registro.
- Nuevos delitos y mayores penas: el texto plantea cambios relacionados con conductas como el uso de drones, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y los ataques contra infraestructura crítica.
- Un Alto Comisionado contra el Terrorismo: se crearía un cargo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia para coordinar asuntos relacionados con esta política.
- Un régimen penitenciario especial: se proponen condiciones específicas de reclusión para cabecillas de organizaciones terroristas.
- Beneficios por colaboración: el borrador contempla reducciones de penas para integrantes que aporten información efectiva para desarticular esas estructuras, bajo las condiciones previstas en el proyecto. <sup>1</sup>
El documento también plantea facultades extraordinarias para el presidente en aspectos relacionados con la puesta en marcha de la nueva oficina. El alcance definitivo de estas medidas dependerá del texto que se radique y de las modificaciones que pueda tener durante el debate.
¿Qué cambiaría frente a las normas actuales?
El terrorismo ya está tipificado como delito en Colombia. Por eso, la propuesta no parte de crear desde cero una legislación contra este fenómeno, sino de modificar y ampliar el marco jurídico para enfrentar las estructuras que el Gobierno considere terroristas, sus fuentes de financiación y determinadas conductas asociadas.
Uno de los asuntos más sensibles es la posibilidad de aplicar herramientas de seguridad a organizaciones incluidas en el registro. El borrador también plantea cambios relacionados con las operaciones de la Fuerza Pública, lo que abre interrogantes sobre la definición de los grupos alcanzados, los controles institucionales y las garantías aplicables.
Por ello, el debate no se limitará a la severidad de las penas. También deberá abordar cómo se toman las decisiones de inclusión en el registro, qué recursos tendrán las personas afectadas y cómo se evitarán posibles vulneraciones de derechos.
¿Cuándo entraría en vigor?
El Gobierno anunció que presentará el proyecto ante el Congreso esta semana. De acuerdo con la información publicada sobre el borrador, la iniciativa tendría que pasar su trámite legislativo y, por tratarse de una ley estatutaria, someterse a revisión previa de la Corte Constitucional. Su aprobación requeriría mayorías especiales.