La entidad aseguró que se impidió el ingreso a la reunión, lo que podría afectar la gobernabilidad y la vigilancia de recursos de la salud
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) denunció una serie de irregularidades durante una asamblea extraordinaria de accionistas de la EPS Coosalud, en medio de la controversia institucional que rodea a la entidad.
Según el organismo, funcionarios y delegados de distintas entidades no pudieron ingresar al lugar donde se realizaría la asamblea, pese a tratarse de una reunión convocada formalmente. Entre los asistentes estaban representantes de la cooperativa accionista mayoritaria, así como delegados de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia Nacional de Salud.
De acuerdo con la denuncia, el acceso fue bloqueado por instrucciones directas de directivos de la entidad, lo que impidió el desarrollo de la reunión y generó alertas sobre posibles obstáculos al control institucional.
La Supersolidaria también advirtió que el acceso biométrico del interventor saliente habría sido removido de forma unilateral, sin que existiera un proceso formal de entrega de la administración, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia en la gestión.
Para la entidad, impedir la realización de la asamblea puede vulnerar los derechos de los accionistas y dificultar la supervisión sobre los recursos del Sistema de Salud.
Además, planteó interrogantes sobre quién estaría interesado en evitar el desarrollo de este espacio clave de decisión dentro de la EPS.
El caso ocurre en medio de un complejo escenario jurídico. Recientemente, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión de la intervención de Coosalud, lo que abrió un debate sobre quién debe ejercer la representación legal de la entidad.
Desde la administración de Coosalud, por su parte, se ha cuestionado la legalidad de la asamblea, argumentando que fue convocada por un interventor que ya había sido removido, por lo que —según su versión— no tenía validez jurídica.
La Supersolidaria advirtió que estos hechos pueden profundizar la crisis de gobernabilidad en una entidad que administra recursos públicos y atiende a millones de usuarios en el país.
El organismo aseguró que continuará documentando lo ocurrido y adoptando medidas para proteger los recursos del sistema, mientras las autoridades competentes avanzan en esclarecer responsabilidades.
El caso de Coosalud se mantiene como uno de los más sensibles dentro del sector salud, en un contexto marcado por decisiones judiciales, intervención estatal y disputas sobre el control de la entidad.