La decisión judicial frena de manera temporal el Decreto 182 de 2026, que contemplaba el traslado masivo de cerca de seis millones de afiliados del sistema de salud, mientras se estudia de fondo la demanda presentada contra la medida.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender de forma provisional el Decreto 182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que planteaba reorganizar el sistema de aseguramiento en Colombia y permitir el traslado masivo de millones de usuarios entre Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La decisión se adoptó mediante una medida cautelar de urgencia, que obliga a las autoridades a abstenerse de aplicar el decreto mientras la justicia analiza la demanda presentada contra la norma. Esto significa que, por ahora, no se realizarán cambios en la afiliación de los usuarios del sistema de salud.
Traslado masivo de afiliados
El decreto buscaba implementar un modelo territorial de aseguramiento, que reorganizaría la operación de las EPS según criterios poblacionales y de cobertura en cada región del país.
De acuerdo con los documentos analizados por el tribunal, la medida podría haber provocado el traslado de cerca de seis millones de afiliados entre EPS, de los cuales aproximadamente 2,6 millones serían asignados a Nueva EPS, la aseguradora más grande del país.
Además, la norma establecía que las EPS solo podrían operar en determinados territorios si cumplían con ciertos niveles mínimos de afiliación, lo que podría reducir el número de entidades presentes en algunos municipios.
Preocupaciones sobre el sistema de salud
En la demanda que dio origen al proceso judicial se advierte que el decreto podría afectar derechos colectivos, como el acceso oportuno a los servicios de salud, la libre elección de los usuarios y la libre competencia en el sistema de aseguramiento.
El tribunal también señaló que la reorganización planteada podría concentrar la atención en un número reducido de EPS, e incluso dejar a algunos municipios con una sola entidad operando, lo que limitaría las opciones de los afiliados.
Una decisión provisional
La suspensión decretada por el tribunal no representa una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. Se trata de una medida preventiva, adoptada mientras avanza el proceso judicial que determinará si la norma se mantiene o debe ser anulada.
Por ahora, los usuarios del sistema de salud conservarán su afiliación actual a la EPS, hasta que exista una decisión de fondo por parte de la justicia sobre el futuro de la medida.
