El abogado Juan David Riveros alertó que un posible traslado anticipado de recursos pensionales hacia Colpensiones obligaría a vender inversiones antes de tiempo, lo que podría generar pérdidas millonarias y afectar el ahorro de los afiliados.
Un posible decreto que obligaría a trasladar de forma anticipada recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones encendió el debate sobre el manejo del ahorro pensional en Colombia. Según el abogado Juan David Riveros, experto en derecho penal y empresarial, esta medida podría generar un detrimento patrimonial para los afiliados si obliga a liquidar inversiones antes de lo previsto.
El análisis surge a partir de un borrador de decreto relacionado con la reforma pensional, que contemplaría el traslado de aproximadamente 25 billones de pesos desde fondos privados hacia el sistema público. De acuerdo con Riveros, para cumplir con esa medida las administradoras tendrían que vender anticipadamente activos financieros, lo que podría implicar pérdidas si las inversiones se liquidan antes de alcanzar su rentabilidad esperada.
El jurista también señaló que el decreto podría exceder las facultades reglamentarias del Gobierno, ya que —según su interpretación— entraría en contradicción con normas vigentes como la Ley 100 de 1993 y con el espíritu de la propia reforma pensional que actualmente revisa la Corte Constitucional.
Riveros advirtió además que los funcionarios que participen en la expedición o ejecución de una norma de este tipo podrían enfrentar responsabilidades disciplinarias, fiscales o incluso penales si se comprueba que se produjo un daño a los recursos destinados a las pensiones de los colombianos.
El debate se da en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que busca reorganizar el sistema de jubilación en el país y ha generado discusión entre expertos, gremios y autoridades sobre el manejo de los recursos y las garantías para el ahorro de los trabajadores.
En este contexto, especialistas insisten en que cualquier modificación al sistema debe garantizar seguridad jurídica y estabilidad financiera, debido a que los recursos pensionales corresponden al ahorro de millones de colombianos para su jubilación.