La exasesora de la exprimera dama denunció presuntas irregularidades relacionadas con vuelos oficiales, dinero en efectivo y posibles actividades ilícitas. La Procuraduría ya ordenó diligencias para esclarecer los hechos, pero las acusaciones aún deben ser verificadas.
Las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora del Gobierno de Gustavo Petro y antigua colaboradora cercana de Verónica Alcocer, llegaron a las autoridades tras una serie de señalamientos sobre presuntas irregularidades durante la anterior administración.
Entre las acusaciones más delicadas figuran el supuesto transporte de sustancias ilícitas en aeronaves oficiales, movimientos de dinero en efectivo desde Venezuela y posibles irregularidades en la financiación de actividades políticas. Ferrer expuso parte de estas afirmaciones en entrevistas con la revista Semana.
La Procuraduría General de la Nación confirmó este 13 de octubre que llamó a declarar bajo juramento a Ferrer y a otras cinco personas, en el marco de actuaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción. También ordenó practicar pruebas para establecer qué ocurrió y si existieron irregularidades.
Los cuatro principales señalamientos
1. Presunto transporte de drogas en aviones oficiales
Ferrer aseguró que durante viajes a Venezuela se habrían utilizado aeronaves oficiales para transportar estupefacientes. La exasesora afirmó que existirían fotografías relacionadas con esos desplazamientos.
Por la gravedad de la denuncia, la Procuraduría ordenó indagar sobre posibles irregularidades en el uso de una aeronave asignada a la entonces primera dama. La investigación busca establecer si los hechos ocurrieron e identificar a los posibles responsables.
2. El supuesto traslado de 2,5 millones de dólares
Otro de los señalamientos se refiere al presunto ingreso a Colombia de 2,5 millones de dólares en efectivo procedentes de Venezuela, en enero de 2023. Según la versión de Ferrer, parte de los recursos habría estado relacionada con actividades políticas.
La afirmación deberá contrastarse con registros de viajes, información financiera y otros elementos que puedan aportar las autoridades. Hasta ahora, no debe presentarse como un hecho probado.
3. Posibles irregularidades en la financiación política
La exasesora también hizo afirmaciones sobre presuntos aportes económicos que no habrían sido reportados adecuadamente durante actividades de campaña. En sus declaraciones mencionó recursos en efectivo y a personas que, según su versión, habrían participado en esos movimientos.
La eventual existencia de financiación irregular requiere verificar el origen de los recursos, sus destinatarios y si fueron reportados conforme a las normas electorales. Las declaraciones públicas, por sí solas, no permiten establecer que se haya cometido un delito.
4. Presuntos movimientos de dinero y lavado de activos
Ferrer también se refirió a posibles operaciones financieras con intermediarios y a un supuesto blanqueo de capitales en España. Estos señalamientos forman parte de las acusaciones que han motivado llamados a investigar el entorno de la exprimera dama.
La existencia de una operación de lavado de activos solo puede establecerse a partir de pruebas sobre el origen ilícito de los recursos y las conductas de quienes habrían participado en su manejo.
La Procuraduría citó a seis personas
Además de Eva Ferrer, el Ministerio Público llamó a declarar a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. La entidad ordenó a su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
La Procuraduría explicó que estas diligencias se enmarcan en una investigación que ya había sido abierta a partir de publicaciones anteriores sobre presuntos actos de corrupción. La citación de los involucrados no significa que las acusaciones estén demostradas ni que exista una decisión de responsabilidad en su contra.
Las acusaciones deberán sustentarse con pruebas
Los señalamientos de Ferrer han generado llamados a investigar por parte de distintos sectores y nuevas actuaciones institucionales. Sin embargo, es necesario diferenciar entre las declaraciones de la exasesora, las líneas de investigación abiertas y los hechos que eventualmente puedan acreditarse.
Las autoridades deberán contrastar testimonios, documentos, registros de vuelos y movimientos financieros antes de determinar si existen responsabilidades disciplinarias o penales.
Por ahora, el caso se encuentra en una etapa de verificación. No existe en la información oficial consultada una decisión judicial que declare probadas estas acusaciones contra Verónica Alcocer.
Fuente: El Tiempo