Una compañía con licencia suspendida por presuntos vínculos ilegales sigue vinculada a un contrato millonario, lo que genera cuestionamientos sobre controles en la contratación pública
Una nueva controversia sacude a la administración distrital de Bogotá tras conocerse que una empresa de seguridad, señalada por presunta infiltración criminal, mantiene un contrato vigente con el Distrito.
El caso salió a la luz luego de que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suspendiera la licencia de funcionamiento de varias compañías del sector, entre ellas una que hace parte de un contrato activo con la Secretaría de Movilidad.
De acuerdo con las denuncias, la empresa Águila de Oro de Colombia integra una unión temporal encargada de prestar servicios de vigilancia en instalaciones oficiales, incluidos patios donde se custodian vehículos inmovilizados.
El contrato, firmado en 2025 y vigente hasta 2027, tiene un valor cercano a los $38.000 millones, lo que ha generado preocupación por el hecho de que una empresa con licencia suspendida continúe vinculada a funciones de seguridad en entidades públicas.
La situación fue cuestionada por sectores políticos, que advierten posibles riesgos para la seguridad institucional y piden claridad sobre las decisiones adoptadas por el Distrito frente a este contrato.
Las autoridades han señalado que la suspensión de licencias hace parte de un proceso de control preventivo, en el que se investiga la posible infiltración de estructuras criminales en empresas de seguridad privada.
Sin embargo, el caso ha abierto un debate sobre la efectividad de los filtros en la contratación estatal, especialmente en sectores sensibles como la vigilancia de bienes públicos.
Desde el Concejo de Bogotá se han elevado cuestionamientos sobre qué medidas se tomarán frente al contrato y quién asumirá la seguridad en caso de que la empresa no pueda continuar operando legalmente.
El episodio revive preocupaciones sobre posibles fallas en la supervisión de contratistas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que recursos públicos queden en manos de actores cuestionados.
Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial del Distrito que aclare el futuro del contrato y las acciones frente a esta situación, que vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en la contratación pública en la capital.