El Inpec ordenó el traslado de internos como ‘Kiko’ Gómez y ‘Marquitos’ Figueroa tras denuncias de irregularidades y hallazgos de licor y elementos prohibidos
Una nueva polémica sacude al sistema penitenciario colombiano tras denuncias sobre una presunta fiesta dentro de la cárcel La Picota, en Bogotá, que habría involucrado a reclusos de alto perfil.
El caso salió a la luz en medio de cuestionamientos sobre el control al interior del penal, luego de que se conocieran versiones sobre el ingreso de licor y otros elementos prohibidos en algunas celdas.
Tras estas denuncias, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el traslado de varios internos, entre ellos el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, y el narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa García.
Según la entidad, las decisiones se tomaron por razones de seguridad y disciplina, luego de una inspección en la que se encontraron objetos no permitidos dentro del establecimiento.
El traslado de los reclusos se produjo después de que el presidente Gustavo Petro expresara públicamente dudas sobre el manejo del sistema carcelario y advirtiera posibles irregularidades en La Picota.
Durante los operativos, las autoridades realizaron requisas en distintos pabellones, donde detectaron la presencia de bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos, lo que derivó en sanciones disciplinarias y reubicaciones de internos.
Aunque versiones iniciales hablaban de una celebración dentro del penal, el Inpec señaló que lo ocurrido corresponde a procedimientos de control y verificación, en el marco de un refuerzo de medidas tras escándalos recientes en otros centros penitenciarios.
El caso reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en las cárceles del país, especialmente frente al control de reclusos considerados de alta peligrosidad.
Analistas y sectores políticos han advertido que estos hechos evidencian posibles fallas en la vigilancia y corrupción interna, lo que permitiría el ingreso de elementos prohibidos y la realización de actividades no autorizadas.
La situación también se suma a polémicas recientes en otros centros de reclusión, lo que ha incrementado la presión sobre el Gobierno para fortalecer los controles y garantizar el cumplimiento de las normas dentro del sistema penitenciario.