Expertos advierten que la medida podría generar incertidumbre en los afiliados y tensiones en el sistema, mientras el Gobierno defiende el traslado como un paso para garantizar la sostenibilidad pensional
El Gobierno nacional expidió un decreto que ordena trasladar $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, una decisión que ha generado amplio debate en el sector económico y financiero del país.
La medida, formalizada mediante el Decreto 0415 de 2026, establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir estos recursos en un plazo reducido: 50 % en un máximo de 20 días y el restante en 10 días adicionales.
Los recursos corresponden principalmente a ahorros de afiliados que se trasladaron del régimen privado al público, especialmente aquellos que están cerca de pensionarse o ya cumplen los requisitos para hacerlo.
Según lo establecido, el dinero no necesariamente será liquidado, sino que en su mayoría será trasladado directamente en títulos o activos, lo que busca evitar impactos negativos en el mercado financiero, dado que cerca del 70 % de estos recursos está invertido en deuda pública (TES).
El objetivo del Gobierno es corregir el llamado “descalce del sistema”, es decir, evitar que el Estado continúe pagando pensiones mientras los recursos de esos afiliados permanecen administrados por entidades privadas.
La decisión ha sido cuestionada por gremios y expertos, quienes advierten posibles riesgos jurídicos y fiscales, así como un eventual uso de estos recursos para cubrir necesidades de gasto público.
Algunos analistas señalan que la medida podría ir en contra de las reglas originales del sistema pensional, donde los ahorros debían mantenerse en cuentas individuales hasta consolidar el derecho a la pensión.
Además, se ha alertado sobre el impacto que este traslado podría tener en los mercados, especialmente por el volumen de recursos involucrados y su concentración en instrumentos financieros clave.
El decreto se da en un contexto de alta tensión por la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que aún enfrenta revisión judicial y cuestionamientos de distintos sectores.
Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, sus críticos advierten que podría generar incertidumbre en los ahorradores y afectar la confianza en el modelo pensional.