El Tribunal ordenó suspender la intervención de la EPS, pero el Ejecutivo no ha devuelto su administración, en medio de un nuevo choque entre Gobierno y justicia
Un nuevo pulso institucional se desató entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la justicia, luego de que el Ejecutivo mantuviera el control sobre la EPS Coosalud, pese a una orden judicial que exigía suspender su intervención.
El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención de la Superintendencia de Salud sobre Coosalud, medida que incluía la devolución de la administración a sus antiguos directivos mientras avanza el proceso judicial.
Sin embargo, varios días después de la decisión, el Gobierno no había ejecutado la entrega de la entidad, lo que ha sido interpretado como un desacato a la orden judicial y ha intensificado la controversia.
La intervención de Coosalud se remonta a 2024, cuando la Superintendencia de Salud tomó control de la EPS por presuntas irregularidades administrativas y financieras, en medio de denuncias sobre manejo de recursos del sistema.
El caso ha estado rodeado de fuertes señalamientos por parte del presidente Petro, quien incluso ha acusado públicamente a antiguos directivos de la entidad de corrupción, lo que derivó en decisiones judiciales que le exigían retractarse.
Este nuevo episodio refuerza un patrón de tensiones entre el Ejecutivo y distintas instancias judiciales, especialmente en temas relacionados con la reforma al Sistema de Salud y la intervención de las EPS.
Además, el desacato a decisiones judiciales podría generar sanciones legales y profundizar el debate sobre el respeto a la institucionalidad, en un momento en que el Gobierno impulsa cambios estructurales en el sistema sanitario.
El caso continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas decisiones judiciales o disciplinarias, mientras crecen las presiones para que el Gobierno cumpla la orden del tribunal.