Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral propone un plan de choque con una inyección de 9 billones de pesos para estabilizar al sector.

Colombia enfrenta la peor crisis de su sistema de salud desde la creación del modelo de aseguramiento hace más de tres décadas. La combinación de EPS intervenidas al borde del colapso financiero, más de dos millones de quejas registradas solo en 2025 y un talento humano que lleva meses sin cobrar sus salarios configura un panorama que expertos califican de «inédito y sin precedentes».

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, ofrece un diagnóstico crudo: «Las medidas de intervención han probado ya en nuestro ordenamiento que nunca corrigen los fallos de servicio, ni derivan en mejor atención para los afiliados, ni derivan en una mejora de los indicadores financieros», señaló en entrevista con Noti 360.

Vesga reconoce que los problemas del sistema «no nacieron en este gobierno», pero es enfática: «definitivamente las medidas de política pública adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro sin lugar a dudas deterioraron los niveles de atención para la población, generaron una crisis de financiamiento muy severa y una crisis de confianza entre los agentes».

EPS intervenidas: «entidades inviables financiera y operativamente»

Las EPS sometidas a intervención durante el gobierno Petro llegaron a concentrar 24,8 millones de afiliados. Hoy, tras cerca de tres años bajo administración estatal, los números son alarmantes. «Cuando miramos los resultados de los últimos tres años, vemos que hay una pérdida patrimonial cercana al 340%, que han aumentado los pasivos en más del 160%», detalló Vesga. Su conclusión es tajante: «Hoy son entidades inviables financiera y operativamente».

Actualmente, estas EPS reúnen cerca de 18 millones de colombianos —el 40% de la población asegurada— y acumulan pasivos que podrían superar los 25 billones de pesos. La presidenta de Acemi identifica dos factores que agravaron la situación: «una falta de continuidad en la gestión de los que se llaman agentes interventores o administradores. Cada entidad ha tenido en promedio 4,5 interventores durante esos tres años». Y añade que: «el gobierno se ha negado a hacer un ajuste técnico de lo que nosotros llamamos la unidad de pago por ‘capitación’, que es esa prima que se reconoce por cada colombiano».

La liquidación, aunque parecería la decisión lógica desde el punto de vista técnico, tendría efectos devastadores. «Si tú tomaras una decisión objetiva y motivada, que sería una liquidación, tendrías que medir dos efectos: a dónde vas a enviar a esa población si no hay capacidad en las demás EPS para gestionarla, y que ese pasivo al momento que se decreta una liquidación expone a la red de prestación —clínicas, hospitales, industria farmacéutica— a tener que perder esas cuentas por cobrar», explicó Vesga.

El impacto en los pacientes y talento humano

Las consecuencias ya las sienten las familias colombianas. «Estamos hablando de un sistema que registró solo para el año 2025 más de dos millones de quejas y reclamos, y esos son los números oficiales. Sabemos que hay un subregistro», afirma la experta. «Eso es histórico, inédito, sin precedente en la historia del sistema».

Los profesionales de la salud también están en la línea de fuego. «Estamos viendo unas demoras críticas en el pago de salarios de los médicos en los hospitales, particularmente en los hospitales públicos, personas a las que no se les paga su salario hace dos, tres, cuatro meses», denuncia Vesga. Esta situación ha derivado en el cierre de servicios y, según reporta, «más de 2.000 camas se han cerrado en todo este proceso».

La solución que propone es directa: utilizar el mecanismo de giro directo desde la Adres para pagar las nóminas sin intermediarios. «El personal debería estar al día en 30 días. No hay ninguna razón para que el sistema no esté hoy al día con la nómina de todos los profesionales de la salud», afirma.

La propuesta: estrategia «punta pirámide» y 9 billones de inyección

Frente a este escenario, Acemi presentó una propuesta denominada «estrategia punta pirámide». «No nos lo inventamos nosotros, es una forma de traer un poco el manejo de las urgencias que sucede en el ámbito hospitalario», explica Vesga. «Hay pacientes que cuando llegas a una sala de urgencia tienen una prioridad, hay pacientes que pueden esperar unas horas y hay pacientes que quizá pueden esperar días».

El plan prioriza la atención según urgencia: pacientes con riesgo vital —»estoy en riesgo de perder la vida o perder un órgano»— deberían ser atendidos en 72 horas; pacientes crónicos priorizados —oncológicos, trasplantados, enfermedades huérfanas— en 30 días; y el rezago general de autorizaciones quirúrgicas en 90 días.

«Ese ejercicio de punta pirámide está relacionado con la necesidad de inyectar al sistema recursos por cerca de 9 billones de pesos. Hay que pagarle a la industria farmacéutica, hay que pagarle a los hospitales y hay que ponerle dinero a cada colombiano que tiene hoy una atención pendiente», subraya Vesga. Y utiliza una analogía médica: «En términos médicos es estabilizar un paciente que está en cuidado intensivo. Tú no puedes entrar a hacerle cirugías que no son urgentes».

Financiamiento estructural: «uno de cada cuatro colombianos está aportando»

Vesga señala un desbalance de fondo: «en la financiación del sistema como está concebido, uno de cada cuatro colombianos está aportando al sistema. Tenemos un desbalance estructural entre la población que aporta y la población que se beneficia». Se estima que cerca de 8 millones de personas tienen capacidad de pago y no están contribuyendo.

Las propuestas incluyen combatir la evasión, revisar los topes de cotización —»parecería que nos quedamos con unos topes muy bajitos en donde probablemente las personas con mayor capacidad de pago van a tener que contribuir más»— y destinar impuestos al tabaco y a los juegos de azar específicamente al sector salud.

El objetivo: «Subir por lo menos al 2030 un punto del PIB. Es necesario si queremos tener el sistema que está concebido en el plan de beneficios en la actualidad».