Denuncian posible uso de recursos públicos en campaña política, tras revelarse que la logística fue contratada por el Ministerio de Salud para dos días consecutivos
Una nueva controversia sacude el escenario político en Colombia luego de que se conociera que una tarima utilizada en un evento del Pacto Histórico habría sido financiada por el Ministerio de Salud, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos públicos en actividades de campaña.
De acuerdo con la información revelada, el Ministerio habría contratado la infraestructura —incluyendo tarima, luces y pantallas— para un evento institucional realizado en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, al día siguiente, esa misma logística fue utilizada en un acto político del entonces candidato presidencial Iván Cepeda, lo que encendió las alertas.
El contrato, que superaría los $1.036 millones, incluía además servicios de producción, sonido, personal logístico y otros elementos necesarios para eventos masivos.
Las críticas surgieron luego de que sectores políticos señalaran que esta situación podría representar una violación a las normas electorales, que prohíben el uso de bienes o recursos del Estado para favorecer campañas políticas.
Según las denuncias, aunque desde el Gobierno se afirmó inicialmente que se trataba de eventos distintos con contratos separados, nuevas evidencias indicarían que varios de los elementos habrían sido contratados para cubrir ambas jornadas.
Además, se conoció que el evento político, denominado “Pacto Fest”, habría sido financiado de manera independiente por la campaña, incluso con pagos en efectivo, lo que también ha generado debate sobre la transparencia en la financiación electoral.
El caso ha motivado llamados a organismos de control como la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que investiguen si hubo irregularidades o participación indebida en política por parte de entidades del Estado.
Analistas advierten que, de comprobarse el uso de recursos públicos en este contexto, podrían derivarse sanciones disciplinarias y electorales, en un momento clave de la contienda presidencial.
La polémica se da en medio de un ambiente político altamente polarizado y a pocas semanas de las elecciones, donde la transparencia en el financiamiento de campañas se ha convertido en uno de los principales focos de atención.
Por ahora, no existe una decisión oficial sobre el caso, pero el tema continúa generando debate y podría escalar a instancias judiciales y de control, mientras se esclarece si hubo o no un uso indebido de recursos del Estado en la campaña del Pacto Histórico.