La última semana estuvo marcada por cambios en la Superintendencia de Salud, cuestionamientos a decisiones del Gobierno y nuevas alertas sobre la situación de la Nueva EPS.

La crisis del Sistema de Salud en Colombia volvió a ocupar el centro del debate público tras una serie de hechos que evidenciaron tensiones institucionales, problemas financieros y crecientes preocupaciones por la atención a los usuarios.

Uno de los principales movimientos fue la salida del entonces superintendente de Salud, Bernardo Camacho. El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia el pasado 14 de abril, tras lo cual Camacho formalizó su salida del cargo, argumentando motivos personales. Su gestión, que duró cerca de seis meses, estuvo marcada por decisiones en medio de la intervención a varias EPS y un entorno de alta presión sobre el sistema.

Tras su salida, el Gobierno avanzó en su reemplazo. La Presidencia publicó la hoja de vida de Daniel Quintero Calle como paso previo a su llegada a la Superintendencia Nacional de Salud. Aunque no se había posesionado oficialmente, su designación generó debate, tanto por su perfil como por el contexto crítico en el que asumiría el cargo. El propio Quintero aseguró que su llegada marcaría “el inicio de la verdadera reforma a la salud”, planteando una postura más interventora frente a las EPS.

En paralelo, surgieron fuertes cuestionamientos sobre la intervención a la Nueva EPS. En una intervención en 6AM de Caracol Radio, el periodista Juan Pablo Calvás reveló documentos que apuntaban a posibles irregularidades en el proceso. Según la denuncia, se habrían omitido pasos obligatorios como informes técnicos previos y conceptos de seguimiento, además de inconsistencias en la justificación de la medida, incluyendo versiones que no coincidían con decisiones reales de los comités internos.

Estas denuncias fueron llevadas a la Procuraduría y se sumaron a un panorama complejo dentro de la entidad. De acuerdo con los reportes conocidos, durante el periodo de intervención aumentaron las quejas de los usuarios, así como las deudas con clínicas y prestadores de servicios, lo que intensificó la presión sobre la red de atención.

Precisamente, pacientes, clínicas y expertos encendieron nuevas alertas sobre la situación de la Nueva EPS. Distintos actores del sistema advirtieron que la crisis dejó de ser únicamente administrativa y se convirtió en un problema estructural que afectó la prestación de servicios, el flujo de recursos y la sostenibilidad de hospitales y centros médicos.

En medio de este contexto, el Gobierno también defendió su manejo financiero del sistema. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, intervino ante la Corte Constitucional para sustentar el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, los recursos que el Estado reconoce por cada afiliado. La audiencia se realizó en un proceso en el que la Corte evaluó si el Gobierno había cumplido sus órdenes sobre la financiación del Sistema de Salud.

El ministro aseguró que los incrementos se realizaron con base en criterios técnicos y que los problemas no respondían a una falta de recursos, sino a fallas estructurales en el funcionamiento del sistema y en la administración de las EPS.

Así, la semana cerró con un panorama marcado por cambios en la dirección del sector, cuestionamientos legales y una creciente preocupación por el impacto de la crisis en millones de usuarios, en un momento clave para el futuro del Sistema de Salud en Colombia.