La falta de decisión oficial mantiene a la entidad sin rumbo claro y afecta la atención de más de 11 millones de afiliados
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que defina la situación de la Nueva EPS, que actualmente atraviesa un “limbo jurídico y administrativo” tras el vencimiento de su intervención sin una decisión oficial.
Según explicó la dirigente, la Superintendencia Nacional de Salud debía tomar una determinación sobre la entidad —ya fuera prorrogar la intervención, liquidarla o levantar la medida—, pero hasta ahora no se ha anunciado ninguna resolución, lo que mantiene a la EPS en una situación de incertidumbre institucional.
Vesga advirtió que este vacío no solo es jurídico, sino también operativo, ya que la entidad incluso se encuentra sin interventor, lo que agrava la gestión interna de la que es considerada la EPS más grande del país.
El impacto de esta situación es significativo. La Nueva EPS atiende a cerca de 11,8 millones de afiliados y concentra más del 20 % de las atenciones en salud en Colombia, por lo que cualquier retraso en la toma de decisiones tiene efectos directos sobre el sistema.
De acuerdo con el gremio, la falta de claridad ya está generando consecuencias en la prestación del servicio, como demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas y retrasos en autorizaciones, lo que incrementa las quejas de los usuarios.
Además, Acemi alertó sobre la falta de información financiera reciente de la entidad, lo que dificulta evaluar su sostenibilidad y tomar decisiones técnicas oportunas sobre su futuro.
El pronunciamiento se suma a advertencias de otros organismos de control y se produce en un contexto de creciente presión sobre el sistema de salud, donde la incertidumbre alrededor de la Nueva EPS podría generar efectos en cadena sobre otras aseguradoras y prestadores.
Ante este panorama, el gremio insistió en la necesidad de una decisión inmediata y clara por parte del Gobierno, que permita garantizar la continuidad del servicio y evitar un mayor deterioro en la atención de millones de colombianos.