El Ministerio de Vivienda expidió una norma que ajusta los límites de precio para clasificar vivienda de interés social y prioriza garantías adicionales para los compradores frente a riesgos en el mercado inmobiliario.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio luz verde a un nuevo decreto que redefine los topes de precio para la Vivienda de Interés Social (VIS) y establece mecanismos para proteger a los compradores ante posibles prácticas abusivas o riesgos contractuales en el sector inmobiliario, informó El Espectador.

La normativa responde a la necesidad de actualizar los criterios de VIS ante la variación en los costos de construcción y mercado, así como a recomendaciones de expertos que venían señalando brechas entre los precios vigentes y la realidad del sector. Con los nuevos umbrales, se busca que más proyectos sean elegibles para beneficios de política pública y que las familias de menores ingresos tengan acceso más claro a este esquema de vivienda.

Reajuste de los topes VIS

Uno de los componentes clave del decreto es el reajuste de los topes máximos de precio que una vivienda debe tener para ser considerada de interés social. Aunque los valores específicos varían según región y características del inmueble, la definición actualizada incorpora nuevos cálculos basados en índices de mercado y costos de construcción, con el objetivo de adaptarse a la realidad económica actual del país.

El ajuste no solo facilita la inclusión de proyectos adicionales dentro de la categoría VIS, sino que también impulsa la planeación de desarrollos más asequibles por parte de los constructores, en especial en zonas urbanas donde la demanda de vivienda económica es mayor.

Protecciones para compradores

Además de redefinir los límites de precio, el decreto incorpora medidas que buscan blindar al comprador de vivienda frente a situaciones que pueden poner en riesgo su inversión. Entre estas se encuentran:

• Garantías más claras sobre la entrega de inmuebles, con requisitos de cumplimiento para los constructores.
  
• Mecanismos de fijación y protección de precios dentro de los marcos de VIS, evitando sobrecostos inesperados.
  
• Mayor transparencia en la información contractual al momento de la compra.
  

Estas disposiciones se suman a medidas existentes en el Estatuto de Vivienda de Interés Social y Prioritario, con la intención de fortalecer la confianza de las familias al adquirir un inmueble bajo estas modalidades.

Contexto del mercado

El sector de la vivienda ha experimentado tensiones en los últimos años debido a factores como el alza en los costos de los materiales de construcción y la presión en los precios de los suelos urbanos, lo que ha generado preocupaciones respecto a la asequibilidad de VIS para familias de ingresos medianos y bajos.

Al revisar los topes y establecer protecciones expresas para compradores, el Gobierno busca equilibrar el acceso a vivienda digna con un entorno de seguridad jurídica y transparencia, incentivando la oferta sin descuidar los derechos de quienes adquieren una propiedad.

Reacciones y expectativas

Representantes de gremios de la construcción y expertos en urbanismo han acogido el decreto con cautela positiva, señalando que el ajuste de topes era una demanda constante del sector y que la inclusión de medidas protectoras para los compradores puede contribuir a otorgar mayor confianza en la inversión inmobiliaria.

Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores han pedido seguimiento y evaluación continua de la implementación de las nuevas medidas, para asegurar que los beneficios previstos se traduzcan en soluciones reales para las familias.