El exfuncionario será procesado por el delito de prevaricato, tras presuntas irregularidades en la licitación y cancelación del contrato de pasaportes
La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema de Justicia la acusación formal contra el excanciller Álvaro Leyva, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato dentro del polémico caso de la licitación de pasaportes en Colombia.
De acuerdo con el ente acusador, Leyva habría tomado decisiones contrarias a la ley durante el proceso contractual, entre ellas la terminación anticipada del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons y la posterior declaratoria de desierta de la licitación, pese a que esta cumplía con los requisitos técnicos exigidos.
El expediente ya fue asignado a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, que será la encargada de adelantar el juicio. Según se informó, la audiencia de formulación de acusación fue programada para el próximo 23 de abril, donde se definirán los siguientes pasos del proceso judicial.
Este caso se remonta a las decisiones adoptadas por Leyva cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores, las cuales generaron cuestionamientos por presuntas violaciones a los principios de la contratación pública, afectando un contrato clave para la expedición de pasaportes en el país.
Cabe recordar que por estos mismos hechos, el excanciller ya había sido objeto de sanciones disciplinarias, incluyendo su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, lo que marcó un punto de quiebre en su carrera política.
La Fiscalía sostiene que las actuaciones de Leyva no solo habrían sido irregulares, sino que constituyen una conducta penal al haberse emitido decisiones administrativas presuntamente arbitrarias y contrarias a la normativa vigente.
El proceso contra el excanciller se convierte en uno de los más relevantes dentro de los recientes escándalos administrativos del país, y su avance será clave para determinar posibles responsabilidades penales en uno de los contratos más sensibles del Estado colombiano.