Organizaciones humanitarias y autoridades locales denuncian que la violencia y las amenazas han obligado a decenas de campesinos a abandonar sus hogares en el municipio de Pijiño del Carmen, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad y la atención humanitaria en la región.
La Defensoría del Pueblo informó que al menos 46 familias campesinas se encuentran desplazadas en la zona rural del municipio de Pijiño del Carmen, en el departamento del Magdalena, como consecuencia de amenazas, hostigamientos e hechos de violencia vinculados a presencias irregulares en esa región.
Según el ente de control, estas familias —que habitan veredas como El Limón, La Unión y La Paz— han tenido que abandonar sus fincas y asentamientos, lejos de sus medios de vida tradicionales, por el temor de enfrentamientos y la falta de garantías de seguridad. El desplazamiento se ha dado de manera súbita y forzada, afectando principalmente a mujeres, niños y adultos mayores.
Causas y contexto del desplazamiento
Las autoridades y organizaciones comunitarias señalan que la situación está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial, que han intensificado las amenazas y conductas de intimidación contra la población civil. Estas dinámicas, según informes de la Defensoría, han generado alerta de riesgo extremo, lo que obligó a familias enteras a buscar espacios más seguros fuera de sus tierras.
La Defensoría advirtió que las familias afectadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad humanitaria, con dificultades para acceder a servicios básicos como alimentación, vivienda, atención en salud y educación, lo que agrava aún más sus condiciones de vida tras el desplazamiento.
Respuesta institucional
Frente al desplazamiento, la Defensoría instó a las administraciones municipal, departamental y nacional a activar mecanismos de atención integral para las familias afectadas, incluyendo rutas de atención en salud, acceso a programas sociales y acompañamiento psicosocial. Además, solicitó la intervención de la Fuerza Pública para garantizar condiciones de seguridad en la zona y permitir el retorno seguro de quienes así lo deseen.
La entidad también llamó la atención sobre la necesidad de medidas preventivas en Magdalena y otras regiones rurales del país que enfrentan dinámicas de violencia similares, instando a fortalecer la presencia del Estado como un factor disuasivo frente a los actores armados.
Impacto en las comunidades
Líderes locales han señalado que el desplazamiento no solo afecta la vida diaria de estas familias —al perder sus cultivos, animales y medios de subsistencia— sino que también tiene un impacto cultural y social más profundo, al desarraigar a comunidades enteras de sus territorios ancestrales y romper redes de apoyo comunitario que históricamente han sostenido a estas poblaciones.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por esta situación, destacando que el desplazamiento forzado tiene consecuencias duraderas para el acceso a derechos fundamentales y haciendo un llamado a priorizar soluciones que permitan la protección de la vida, la seguridad alimentaria y la recuperación de la convivencia comunitaria.
El desplazamiento de estas 46 familias en Magdalena se suma a un patrón de afectación similar en otras zonas rurales del país, donde la violencia y las disputas por control territorial continúan generando movimientos forzados de población. La atención urgente y coordinada de las autoridades competentes será determinante para garantizar la protección de quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales.