Fiscalía y Judicatura advierten que el decreto vulnera la ley y alistan acción ante la Corte Constitucional. Petro también ordenó demandar el Presupuesto 2025, lo que pondría en riesgo el pago de salarios estatales.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro eliminó, mediante decreto, la transferencia de recursos del Fondo Frisco —financiado con bienes incautados al narcotráfico— hacia la Fiscalía, la Rama Judicial y otras entidades del sector justicia. La decisión, justificada por un bajo nivel de recaudo en 2024 (solo el 48 % de lo proyectado), ha provocado una fuerte controversia institucional.

De acuerdo con el decreto, el recorte equivale a $106.000 millones que estaban destinados al fortalecimiento del sistema judicial, en contraste con la decisión del Ejecutivo de mantener intactos $330.000 millones del componente de Política Antidrogas, distribuidos entre 11 ministerios. Esta diferencia en el trato presupuestal ha sido vista por varios sectores como priorización discrecional y desigual de los recursos públicos.

La Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura ya preparan un pronunciamiento conjunto y no descartan acudir ante la Corte Constitucional, al considerar que el decreto viola el artículo 91 de la Ley 1708, que establece el giro automático de estos recursos a la justicia, sin posibilidad de modificación por parte del Ejecutivo.

A esta tensión se suma otro anuncio que ha encendido las alarmas fiscales: el presidente Petro instruyó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a demandar el Presupuesto General de la Nación 2025, aprobado por el Congreso, por considerarlo regresivo y contrario al Estado social de derecho.

Según expertos consultados, si la Corte tumba el presupuesto general, el primer impacto sería sobre el pago de salarios de empleados públicos, generando una parálisis administrativa de alto impacto en todo el aparato estatal.

El doble movimiento del Ejecutivo —por un lado, recortar fondos para la justicia, y por otro, impugnar el presupuesto aprobado— ha sido interpretado por analistas como un choque institucional deliberado que podría escalar en los próximos días, afectando tanto la estabilidad fiscal como la independencia de los poderes públicos.