El ministro Pedro Sánchez Suárez anunció desde Washington que Andrés Felipe Marín Silva, señalado cabecilla criminal, será enviado a una corte federal estadounidense en los primeros días de febrero.
El Gobierno colombiano confirmó que ya está definida la fecha de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, uno de los principales cabecillas del crimen organizado en el Valle del Cauca, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.
La información fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, durante una visita oficial a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con autoridades del país norteamericano en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, la extradición de “Pipe Tuluá” está programada para el martes 3 de febrero de 2026, luego de que se completaran los trámites administrativos y judiciales correspondientes y se contara con la autorización formal del Gobierno Nacional.
Alias “Pipe Tuluá” es señalado como uno de los máximos líderes de una estructura criminal con influencia en Tuluá y otros municipios del Valle del Cauca, dedicada al tráfico de drogas, extorsiones y homicidios. Su captura y posterior proceso de extradición han sido considerados por las autoridades como un golpe relevante contra las economías ilegales en esa región del país.
El ministro Sánchez Suárez destacó que esta extradición hace parte de la estrategia del Gobierno para debilitar las organizaciones criminales transnacionales y reafirmó el compromiso de Colombia con la cooperación judicial internacional, especialmente con Estados Unidos, en el combate contra el narcotráfico.
Desde el sector defensa se reiteró que la entrega de Marín Silva a las autoridades estadounidenses no afecta otros procesos que cursan en su contra en Colombia, y que el Estado continuará avanzando en acciones para restablecer la seguridad y el orden público en las zonas afectadas por estas estructuras ilegales.
Con esta extradición, el Gobierno busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente al crimen organizado, al tiempo que refuerza los mecanismos de cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar delitos de alcance transnacional.