Un informe revela que millonarios recursos fueron adjudicados mediante contratación directa a juntas comunales, cabildos y resguardos indígenas, lo que abre debate sobre transparencia y control fiscal.
Una investigación periodística realizada por El Tiempo, reveló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría destinado cerca de $31 billones en contratos adjudicados de manera directa a organizaciones sociales como juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos.
Según el informe, estos recursos fueron asignados sin procesos de licitación, bajo figuras legales que permiten la contratación directa, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y control.
La estrategia del Gobierno busca, según sus lineamientos, fortalecer la ejecución de proyectos en los territorios y promover la participación de comunidades en obras y programas públicos.
Sin embargo, expertos advierten que el uso masivo de este tipo de contratación puede limitar la competencia y aumentar riesgos de corrupción, al reducir los filtros habituales de selección de contratistas.
El volumen de recursos involucrados —que supera los $31 billones— ha encendido alertas en sectores políticos y organismos de control, que piden mayor claridad sobre la ejecución de estos contratos.
Las críticas se centran en la necesidad de garantizar transparencia, trazabilidad del gasto y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de recursos públicos de gran magnitud.
Desde el Ejecutivo se ha defendido este modelo, argumentando que permite una ejecución más rápida de proyectos sociales y una mayor inclusión de comunidades históricamente excluidas en la gestión de recursos públicos.
Además, se ha señalado que estos mecanismos están contemplados dentro del marco legal y buscan acercar el Estado a los territorios.