La excandidata a viceministra fue señalada por la Fiscalía de presentar información falsa para obtener beneficios económicos, en un caso que abre debate sobre transparencia en la contratación pública.

La Fiscalía imputó cargos a Juliana Guerrero por su presunta participación en un intento de engañar al Estado mediante documentación irregular, con el fin de acceder a recursos públicos.

De acuerdo con la investigación, Guerrero habría presentado información falsa en un proceso contractual, lo que le habría permitido avanzar en la obtención de beneficios económicos sin cumplir los requisitos establecidos.

La Fiscalía indicó que la exfuncionaria habría incurrido en conductas relacionadas con fraude y posibles irregularidades en contratación, lo que motivó la imputación formal de cargos.

Aunque no se han revelado todos los detalles del caso, las autoridades sostienen que existen elementos suficientes para vincularla al proceso penal.

Tras la imputación, el caso entra en una nueva fase judicial en la que se evaluarán las pruebas y se determinará la responsabilidad de la implicada.

Guerrero, por su parte, podrá ejercer su derecho a la defensa mientras avanza el proceso en su contra.

El caso ha generado atención en el ámbito público, al tratarse de una figura que aspiró a un cargo de alto nivel en el Gobierno, lo que reaviva el debate sobre los controles en la contratación estatal y la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación.