Autoridades y expertos advierten que prácticas ilegales, realizadas en lugares no autorizados y por personal sin formación, pueden causar infecciones, daños permanentes e incluso la muerte.

El aumento de los procedimientos estéticos clandestinos en Colombia ha encendido las alertas del sector salud, debido a los graves riesgos médicos que representan para quienes recurren a estas prácticas fuera de la legalidad.

Según expertos, el crecimiento de este mercado ilegal está relacionado con la alta demanda de tratamientos estéticos y la oferta de servicios a bajo costo, muchas veces promocionados en redes sociales o realizados en espacios no habilitados como viviendas o salones de belleza.

Las complicaciones asociadas a estos procedimientos no se limitan a resultados insatisfactorios. Médicos advierten que pueden provocar infecciones severas, necrosis de tejidos, embolias e incluso fallas orgánicas que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

Además, el uso de sustancias ilegales como biopolímeros o silicona líquida —frecuentes en el mercado clandestino— puede generar reacciones adversas que aparecen incluso años después del procedimiento.

Uno de los principales problemas es que estos procedimientos suelen ser realizados por personas sin la formación médica requerida, lo que impide una adecuada evaluación del paciente y la atención oportuna ante complicaciones.

También se ha identificado el uso de insumos de contrabando o productos no autorizados, así como la ausencia de condiciones mínimas de higiene, lo que incrementa el riesgo de infecciones.

Los expertos recomiendan estar atentos a señales como precios demasiado bajos, promociones agresivas o la falta de historia clínica, factores que suelen indicar prácticas irregulares.

Asimismo, insisten en que los procedimientos estéticos deben realizarse únicamente en centros habilitados y por profesionales certificados, como medida clave para reducir riesgos.

El aumento de estos casos ha llevado a que el fenómeno sea considerado una problemática de salud pública, especialmente por el número de pacientes que terminan en servicios de urgencias tras someterse a intervenciones ilegales.