El organismo de control cuestiona el uso de recursos públicos en el proyecto, mientras la Federación Nacional de Arroceros defiende la planta agroindustrial como clave para fortalecer la producción y empleo en la región.
La inversión en una planta arrocera en Valledupar (Cesar) se ha convertido en un foco de controversia entre la Contraloría General de la República y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) por diferencias en la interpretación sobre el uso de recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos para su ejecución.
La Contraloría advirtió que la inversión, que hace parte de un proyecto productivo y de infraestructura agroindustrial, no contaba con todos los estudios técnicos, financieros y de impacto requeridos para su apropiación presupuestal, lo que derivó en una evaluación preventiva de legalidad sobre el manejo de los recursos destinados a la planta. Según el organismo de control, esto podría poner en riesgo la transparencia del gasto público y la viabilidad del proyecto.
Por su parte, Fedearroz —entidad gremial que agrupa a productores de arroz en todo el país— defendió la iniciativa, argumentando que la planta busca modernizar la cadena arrocera, mejorar la competitividad del sector y generar empleo en la región. Asimismo, resaltó que la infraestructura será un centro de acopio y procesamiento que aportará directamente al incremento de la productividad local.
La controversia se intensificó cuando la Contraloría relacionó la falta de estudios técnicos con posibles vicios de forma en la aprobación presupuestal, lo que podría acarrear sanciones administrativas a los responsables de la ejecución del proyecto, así como la obligación de devolver los recursos si se comprueba la irregularidad en su uso. (
Fedearroz rechazó las observaciones y señaló que se trata de una iniciativa con impacto estructural para el sector arrocero, que permitirá procesar mayores volúmenes de grano, ofrecer mejor acceso a mercados y reducir los costos de logística para los agricultores. El gremio también enfatizó que el proyecto cuenta con respaldos técnicos y que sus beneficios podrían ampliar la cobertura de mercados tanto nacionales como internacionales.
Además, los productores locales han expresado su interés de que la planta se convierta en un polo de desarrollo agrícola para la región del norte de Colombia, donde el arroz es uno de los cultivos más representativos y de impacto económico para miles de familias. En este sentido, argumentan que el proyecto puede dinamizar no solo la producción sino también los encadenamientos productivos con otros sectores agrícolas.
El siguiente paso será el análisis detallado del proceso por parte de la Contraloría, que determinará si efectivamente hubo fallas en la estructuración y aprobación del proyecto y si se confirma el cuestionamiento, lo que podría desencadenar acciones administrativas o fiscales. Para el gremio arrocero, en cambio, la mirada está puesta en la continuidad de la planta como un aporte a la competitividad y sostenibilidad del sector.