El magistrado César Reyes ordenó pruebas tras el decreto firmado por Petro, pese al rechazo del Senado. El Consejo de Estado suspendió la consulta y el caso podría escalar a investigación penal.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar para determinar si existieron irregularidades en la votación del Senado sobre la consulta popular propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida surge tras una cadena de hechos que ha generado controversia jurídica y política a nivel nacional.

El pasado 14 de mayo, el Senado votó la solicitud del Ejecutivo para convocar a una consulta popular. El resultado fue 49 votos por el ‘no’ y 47 por el ‘sí’, lo que, en principio, negó el aval. No obstante, el presidente Petro expidió un decreto para realizarla, pese al resultado legislativo. Dicha decisión fue posteriormente suspendida por el Consejo de Estado, que cuestionó su legalidad.

Ahora, el magistrado César Reyes lidera la indagación y ya ha ordenado la práctica de pruebas para establecer si hay mérito para abrir una investigación penal contra congresistas o funcionarios que hayan participado en los hechos bajo sospecha.

El senador Iván Cepeda, uno de los defensores de la consulta, ha asegurado que actuó conforme a la ley, mientras que el Gobierno alega que hubo un cierre irregular de la votación, lo que habría afectado el resultado final y dejado la decisión en una zona gris legal.

La consulta popular impulsada por el Ejecutivo hacía parte de una estrategia para fortalecer su agenda de reformas sociales, apelando a la participación ciudadana. Sin embargo, la insistencia en llevarla a cabo tras su rechazo parlamentario ha sido vista por algunos sectores como un intento de desconocer la separación de poderes.

La indagación preliminar no implica aún una acusación formal, pero sí representa un paso significativo en el escrutinio judicial sobre las actuaciones del gobierno y el Congreso en torno a este polémico episodio legislativo.