La llamada “ley de inocencia fiscal” eleva umbrales de evasión y crea un régimen que exonera reporte de variaciones patrimoniales para atraer ahorros no declarados.

El presidente Javier Milei promulgó en diciembre de 2025 la denominada “ley de principio de inocencia fiscal”, una normativa que modifica el tratamiento de los dólares no declarados —el ahorro informal que muchos argentinos guardan fuera del sistema financiero— con el objetivo de incentivar su ingreso a los bancos en un contexto de escasez de reservas internacionales y vencimientos de deuda externa. 

Esta ley responde, en parte, a la necesidad de reconstruir las reservas del Banco Central, que al 30 de diciembre tenían alrededor de 41.000 millones de dólares, cifra muy inferior a los cerca de 251.000 millones que estiman autoridades y economistas que los ciudadanos guardan en efectivo o fuera del sistema. 

La ley aprobada por el Congreso argentino introduce varias modificaciones clave: eleva los umbrales a partir de los cuales se investigan delitos de evasión fiscal, reduce los plazos de prescripción de ciertos delitos financieros, y establece un régimen impositivo especial para quienes se inscriban y aporten sus ahorros al sistema bancario.

Bajo este régimen, las personas que ingresen sus dólares al sistema financiero quedan exentas de informar variaciones patrimoniales, lo que simplifica su manejo y reduce cargas de reporte respecto a la situación anterior. Las autoridades han instado tanto a bancos privados como al Banco Nación a aceptar estos depósitos para facilitar la incorporación de divisas a la economía. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que quienes depositen sus dólares podrán disponer de ellos inmediatamente para consumo o ahorro, como ocurre en otros países, con el objetivo de “activar” esos recursos en la economía local. 

Contexto económico y objetivo oficial

Argentina enfrenta vencimientos de deuda externos por más de 19.000 millones de dólares en 2026, y mantiene un acuerdo crediticio de unos 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha pedido esfuerzos para fortalecer las reservas del país. Frente a este escenario, el Gobierno apuesta a recuperar parte de los ahorros no declarados que tradicionalmente se mantienen “debajo del colchón” fuera de los bancos. 

El hecho de que el esquema permita disponer libremente de esos fondos busca, según funcionarios oficiales, estimular la liquidez local y disminuir la presión sobre las reservas internacionales, fuente crítica para sostener pagos de deuda e importaciones.

Críticas y advertencias

La medida ha generado críticas de la oposición y de expertos en finanzas y regulación internacional, que advierten sobre riesgos de lavado de dinero y erosión del control fiscal. Dirigentes opositores, como el diputado Jorge Taiana, han señalado que la ley puede transformar al país en un “paraíso” para el traslado de capitales no fiscalizados y facilitar la entrada de dinero de origen ilícito, incluyendo narcotráfico, corrupción o financiamiento ilegal. 

Organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han manifestado preocupación por posibles efectos de este tipo de regímenes en la posición de Argentina frente a estándares globales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

La ley de inocencia fiscal aprobada en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei busca atraer dólares no declarados al sistema financiero como respuesta a la escasez de reservas y presiones económicas, ofreciendo ventajas fiscales y menores requisitos de reporte. Aunque el Gobierno la presenta como una forma de dinamizar la economía y fortalecer la liquidez, la normativa ha encendido alarmas sobre posibles implicaciones para la transparencia fiscal y el control del lavado de dinero, en un entorno donde la confianza y la regulación financiera son clave para la estabilidad económica del país.