La presidenta interina promulgó un decreto para eliminar siete programas sociales y organismos estatales creados por los gobiernos de Chávez y Maduro, en un giro profundo de la estructura del Estado venezolano.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó esta semana la supresión de siete programas sociales y entes estatales vinculados al entramado del chavismo, incluidos varios creados por los expresidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como parte de una amplia reestructuración del Estado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial, que dispone la eliminación y liquidación de diversas misiones, fundaciones y organismos estatales adscritos, mayormente, al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y a la gestión directa del Ejecutivo venezolano.

Entre las entidades suprimidas figuran programas y fundaciones que, hasta ahora, formaban parte de la red de políticas sociales, de seguridad y de articulación del chavismo, y que, en muchos casos, tenían funciones tanto asistenciales como de coordinación política o de inteligencia estatal.

Programas y entes eliminados

Las organizaciones que serán suprimidas o liquidadas incluyen:

• La Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, orientada a actividades en zonas fronterizas.
  
• La Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, enfocada en programas productivos para jóvenes.
  
• La Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), vinculada a obras de infraestructura y planificación.
  
• La Fundación Propatria 2000, con labores en proyectos comunitarios.
  
• La Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa, con actividades de desarrollo y seguridad.
  
• El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un organismo de inteligencia y seguridad.
  
• La Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), con trayectoria histórica en programas públicos.
  

Estas organizaciones y misiones eran consideradas parte de la infraestructura del “chavismo institucional”, y varios de estos programas estaban asociados a subsidios, ayudas sociales, proyectos comunitarios o coordinación interna del Ejecutivo.

Objetivo de la reestructuración

El decreto sostiene que la eliminación de estos entes responde a la necesidad de “adaptar la estructura organizativa del Estado” a las nuevas directrices de políticas públicas y sociales que promueve la actual administración, y que busca la “satisfacción de intereses colectivos” mediante la reasignación de funciones a otras carteras del Gobierno.

Según la normativa, parte de las funciones de algunas de estas entidades será transferida a ministerios como el de Relaciones Exteriores u otras instancias de la administración pública, aunque no se han detallado completamente los plazos ni los mecanismos específicos para dichas transferencias.

Contexto político

Los cambios se producen en medio de una amplia reestructuración del aparato estatal venezolano tras la captura en enero de 2026 de Nicolás Maduro por fuerzas militares extranjeras, hecho que dejó a Rodríguez como presidenta encargada. En las últimas semanas, su gobierno ha ejecutado varios ajustes institucionales, incluidos nombramientos, reformulación de leyes y ahora la supresión de entidades estatales.

La oposición política ha calificado estas medidas como parte del desmantelamiento del chavismo desde dentro, y ha advertido que este tipo de decretos no puede limitarse a gestos simbólicos, sino que debe acompañarse de transparencia y explicaciones detalladas sobre el destino de los recursos y las funciones antes desempeñadas por los organismos suprimidos.

Impacto social y político

Organizaciones independientes señalan que estas misiones sociales, aunque criticadas por opacidad y posibles redes de clientelismo, también estaban dirigidas a programas de subsidios alimentarios, asistencia en salud, vivienda y educación para sectores vulnerables durante décadas. Su eliminación plantea interrogantes sobre cómo se reemplazarán estos apoyos y cuál será el impacto inmediato en la población más necesitada.

Mientras tanto, el Gobierno de Rodríguez sostiene que los cambios forman parte de un proceso de modernización del Estado venezolano y de una revisión profunda de las políticas y programas del pasado, con miras a una nueva etapa política en el país.