Legisladores demócratas piden una revisión urgente y estándares claros para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en redadas federales, y proponen legislación para aumentar transparencia y supervisión.
El Congreso de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para establecer normas más estrictas sobre el uso de la fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en respuesta a dos tiroteos fatales protagonizados por agentes federales en Minneapolis, Minnesota, que desencadenaron protestas y controversia pública.
Este llamado a la acción legislativa surge tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses de 37 años que perdieron la vida en operativos de ICE en esa ciudad durante enero, hechos que generaron investigaciones internas y demandas de mayor supervisión sobre las tácticas de los agentes federales.
Un grupo de senadores demócratas presentó el proyecto denominado Stop Excessive Force in Immigration Act, que propone establecer estándares claros de uso de la fuerza, reforzar la transparencia en los operativos y garantizar que las acciones de ICE estén alineadas con las normas del Departamento de Justicia, priorizando la desescalada y protegiendo la seguridad de las comunidades afectadas.
Además, esta iniciativa busca que haya un deber afirmativo de prestar asistencia médica tras cualquier uso de la fuerza y que las investigaciones de estos incidentes permitan mayor participación estatal o local cuando corresponda, lo que representaría un cambio significativo en la rendición de cuentas de los agentes federales.
Simultáneamente, la presión legislativa incluye solicitudes al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para acelerar su revisión sobre los tiroteos en Minneapolis, argumentando que los hechos ponen de manifiesto “la urgente necesidad de una supervisión rápida e independiente” de las tácticas empleadas por el ICE.
Este debate tiene lugar en un contexto más amplio de cuestionamientos al modo en que operan las agencias migratorias y de seguridad en Estados Unidos, y se suma a otras iniciativas que también buscan limitar la inmunidad legal de los agentes y fortalecer mecanismos de supervisión.
Organizaciones de derechos civiles y comunidades locales han realizado protestas y llamados para responsabilizar a las autoridades tras las muertes, lo que ha generado una presión política significativa sobre los legisladores para que aborden las normas de uso de la fuerza en operaciones migratorias.
La propuesta aún debe avanzar en comités y posibles negociaciones entre demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso antes de poder convertirse en ley. De aprobarse, establecería normas más estrictas y mecanismos adicionales de rendición de cuentas para las operaciones de ICE en todo el país, en un momento de intenso debate sobre políticas migratorias y derechos civiles en Estados Unidos.