La iniciativa abre un intenso debate político y jurídico y ahora deberá ser discutida en el Senado.
El proyecto patrocinado por la congresista Marjorie Taylor Greene (Republicana) fue aprobado con 216 votos a favor y 211 en contra, mayoritariamente con apoyo del Partido Republicano.
La iniciativa, conocida como “Protect Children’s Innocence Act”, definiría como delito federal que médicos, proveedores de salud e incluso padres de niños transgénero proporcionen o faciliten tratamientos de afirmación de género a menores de 18 años, como bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o cirugías de reasignación, con penas de hasta 10 años de prisión y fuertes multas.
En el texto, la prohibición se plantea dentro de términos de “mutilación corporal o genital de un menor”, lo que ha generado amplia discusión sobre cómo se aplicaría a procedimientos médicos normalmente regulados por normas profesionales de salud.
Esta ley es considerada extremadamente controvertida por varias razones:
- Criminalización de atención médica: Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han condenado la medida, señalando que castiga a profesionales de la salud y padres que buscan cuidado médico seguro y respaldado científicamente para jóvenes trans, lo que podría tener efectos graves en la salud física y mental de las personas afectadas.
- Debate sobre derechos y rol del Estado: El proyecto revive un intenso debate sobre el rol del Estado en decisiones médicas familiares y personales, así como sobre los derechos de las personas transgénero, que en muchos casos son protegidos por leyes estatales y organizaciones médicas que apoyan la atención de afirmación de género.
- Contexto de medidas antitrans más amplias: La iniciativa se enmarca dentro de un contexto más amplio de acciones políticas y ejecutivas impulsadas por la administración conservadora, incluidas órdenes ejecutivas que restringen el reconocimiento federal de género y acceso a servicios de salud para personas trans, lo que ha intensificado la polémica nacional.
Aunque la medida fue aprobada en la Cámara de Representantes, su futuro legislativo inmediato es incierto:
- Senado de Estados Unidos: El proyecto debe ser aprobado luego por el Senado, donde los demócratas tienen mayor capacidad de bloqueo y se considera poco probable, por ahora, que reúna los votos necesarios para avanzar en su forma actual.
- Desafíos judiciales: Si alguna versión del proyecto llegara a convertirse en ley, es muy probable que sea impugnada en tribunales federales, como ha ocurrido con otras medidas similares que han enfrentado demandas por violar derechos constitucionales o discriminación.
- Debate político continuo: La aprobación en la Cámara aumenta la visibilidad de este tipo de iniciativas y consolidaría el debate político sobre los derechos de las personas trans en Estados Unidos de cara a futuras elecciones y legislaciones tanto federales como estatales.
La Cámara de Representantes aprobó una polémica iniciativa que criminalizaría el acceso de menores a atención médica de afirmación de género, marcando un hito en la ofensiva legislativa contra derechos trans en EE. UU. Aunque enfrenta un futuro incierto en el Senado y posibles desafíos judiciales, la medida refleja las profundas divisiones políticas y culturales en torno a la identidad de género y la regulación del cuidado de la salud en el país.