La familia denuncia que Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González, enfrenta un proceso penal sin garantías, tras ser acusado de “terrorismo y conspiración” en un juicio que consideran arbitrario.
La justicia venezolana admitió cargos contra Rafael Tudares Bracho, esposo de una de las hijas de Edmundo González, por delitos que incluyen terrorismo, conspiración, asociación para delinquir, legitimación de capitales y financiación ilícita. El tribunal remitió su caso a juicio y lo recluyó en la prisión conocida como El Rodeo I.
La familia de Tudares ha denunciado que el proceso ha sido “clandestino e inconstitucional”, pues aseguran que no se le ha garantizado el derecho a la defensa, que las audiencias han sido telemáticas sin transparencia y que no han tenido acceso a información sobre su estado.
Hasta hoy, indican que llevan casi once meses sin contacto físico ni información oficial de su paradero.En redes sociales y medios simpatizantes con la oposición circula la versión de que Tudares ya habría sido condenado a 30 años de prisión, aunque su abogada y la defensa no han recibido confirmación oficial de la sentencia.
El contexto político no puede ignorarse: Tudares fue detenido poco antes de una nueva juramentación del presidente Nicolás Maduro, en medio de una ola de detenciones contra dirigentes y allegados de la oposición. El caso se suma a una serie de denuncias de lo que la oposición califica como persecución política, violaciones de derechos humanos y uso del sistema judicial para reprimir el disenso.
Para la familia y para gran parte de la disidencia, este juicio representa no solo un ataque a una persona, sino un golpe directo al núcleo del liderazgo opositor: castigar a quien está vinculado familiarmente con uno de los principales candidatos rivales del chavismo. Muchos analistas ven en este caso un mensaje de intimidación, para disuadir la movilización opositora y silenciar las protestas.
El proceso contra el yerno de Edmundo González pone al descubierto —otra vez— una práctica recurrente en Venezuela: la criminalización del entorno de la oposición bajo cargos graves como terrorismo, conspiración o legitimación de capitales, a menudo en procesos que carecen de transparencia y garantías mínimas. Si se confirma la condena —o incluso si simplemente se mantiene el juicio—, el daño simbólico será tan relevante como el legal. Este caso no solo afecta a una familia, sino que refuerza el clima de desconfianza y temor político en un país donde las instituciones parecen cada vez más permeables al uso del poder como herramienta de persecución. La comunidad internacional, la oposición venezolana y los defensores de derechos humanos deberán seguirlo muy de cerca: de su evolución dependerá, en gran medida, la posibilidad de reconciliación democrática o de una profundización de la crisis.