Expertos señalan que los ataques a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico violan el derecho internacional y piden una respuesta diplomática inmediata.
Un panel de expertos independientes de la ONU calificó como posibles ejecuciones extrajudiciales los ataques militares realizados por Donald Trump y las fuerzas estadounidenses en aguas del mar Caribe contra embarcaciones acusadas de transportar drogas desde Venezuela.
Según el comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos ataques —como los registrados el 2 y el 15 de septiembre— dejaron al menos 14 muertos y no contaron con una justificación legal clara que conforme al derecho internacional.
¿Qué plantean los expertos?
- Los ataques se llevaron a cabo sin orden judicial ni supervisión internacional, lo que —según el panel— viola normas sobre el uso de la fuerza letal incluso contra organizaciones criminales.
- Alertan que estas acciones podrían constituir una intervención ilegal en aguas internacionales o en territorios que comprometen la soberanía de países de la región.
- Admiten que aunque el combate al narcotráfico es legítimo, debe hacerse dentro del marco del Estado de derecho y con control de evidencia, no mediante operaciones letales sin juicio.
Contexto y repercusiones
La escalada de operaciones militares en el Caribe forma parte de la estrategia estadounidense para frenar el flujo de drogas hacia su territorio, centrada especialmente en las rutas procedentes de Venezuela y las presuntas conexiones con el grupo Tren de Aragua.
Por su parte, gobiernos y organizaciones de derechos humanos demandan aclaraciones sobre la cadena de mando, el número de víctimas civiles y la ausencia de procesos legales posteriores a los ataques.
Lo que sigue
La ONU y otros organismos internacionales han instado a Estados Unidos a suspender nuevas operaciones de este tipo y asumir responsabilidad por las posibles violaciones de derechos humanos. Los gobiernos latinoamericanos involucrados reclamaron que se investiguen los hechos, se identifiquen las víctimas y se establezcan mecanismos de rendición de cuentas.