Disturbios por el retiro del subsidio al diésel dejan daños a infraestructura y revelan posibles vínculos con grupos criminales.
El pasado 22 de septiembre de 2025, las protestas en la provincia de Imbabura, especialmente en Otavalo, por el retiro del subsidio al diésel derivaron en hechos de violencia que sobrepasaron los límites de la manifestación legítima. Lo que inició como una movilización ciudadana terminó en bloqueos de vías estratégicas, ataques contra infraestructura pública como un cuartel policial, y enfrentamientos catalogados como actos de terrorismo.
Los principales afectados han sido los ciudadanos otavaleños y sus familias, que quedaron expuestos a una ola de violencia sin precedentes en la localidad.
Sospechas sobre financiamiento político
De acuerdo con las primeras investigaciones sobre el flujo de dinero detrás de las movilizaciones, existirían indicios de que la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, y el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, estarían involucrados en el financiamiento logístico de las protestas. Los recursos habrían sido destinados a transporte, provisiones y coordinación con grupos radicales.
Lo que genera mayor inquietud es que, hasta el momento, ninguna de estas autoridades se ha pronunciado para defender a la ciudadanía ni para condenar los ataques contra la infraestructura local. Su silencio alimenta las dudas sobre un posible respaldo indirecto a la violencia.
Presencia del Tren de Aragua
El ministro del Interior confirmó la captura de dos extranjeros presuntamente vinculados a la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua, quienes habrían participado en los actos vandálicos. Estos individuos no registran ingreso legal al Ecuador, lo que abre interrogantes sobre quién los trajo al país y quién financió su participación.
El Tren de Aragua, considerado uno de los grupos terroristas más peligrosos de Latinoamérica, suele actuar en territorios estratégicos bajo motivaciones económicas y delictivas. Su vinculación con las protestas en Ecuador genera preocupación sobre un intento de desestabilización política.
Participación de actores políticos
A los señalamientos contra autoridades locales se suma la participación de Sairi Arango, alterno de la asambleísta Pamela Aguirre de Revolución Ciudadana, quien habría estado presente en los enfrentamientos.
Este hecho refuerza la hipótesis de que las protestas no surgieron como una respuesta espontánea de la ciudadanía a las medidas económicas, sino que habrían sido instrumentalizadas por actores políticos y posiblemente financiadas con recursos públicos.
Consecuencias para la institucionalidad
De comprobarse el uso de fondos públicos en el financiamiento de actos violentos, se configuraría un grave quebrantamiento de la confianza ciudadana, además de responsabilidades penales y administrativas.
Las autoridades nacionales han anunciado que las investigaciones continuarán para esclarecer el grado de participación de funcionarios locales, así como la injerencia del Tren de Aragua en los disturbios.