El nuevo Decreto 0182 de 2026 introduce criterios territoriales y operativos para las Entidades Promotoras de Salud, lo que puede implicar traslados de afiliados según su cobertura en cada región.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Decreto 0182 de 2026, que reorganiza aspectos clave del funcionamiento y la presencia de las EPS en el sistema de salud colombiano.
La norma modifica el Decreto 780 de 2016 y establece nuevas reglas sobre dónde y cómo pueden operar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el objetivo de fortalecer la gestión del aseguramiento en salud y ajustar la operación a la realidad territorial del país.
Entre los principales cambios, el decreto fija umbrales mínimos de participación de afiliados para que una EPS pueda continuar operando en determinados departamentos o municipios. Por ejemplo, en regiones con más de 2 millones de habitantes, las aseguradoras deberán contar con al menos el 5 % de los afiliados para permanecer allí; en zonas con menos habitantes, este porcentaje aumenta según la población.
La norma también define un número máximo de EPS por municipio según el tamaño de la población, lo que puede llevar a que algunas aseguradoras dejen de operar en determinados territorios si no alcanzan los indicadores exigidos.
Uno de los efectos más relevantes del decreto es que abre la puerta a traslados obligatorios de afiliados. Cuando una EPS pierda autorización para operar en un departamento o municipio, sus usuarios serán reasignados automáticamente a otras entidades que sí cumplan con los requisitos establecidos por la norma.
El proceso de reasignación se hará con reglas específicas, como mantener unidos a los grupos familiares y evitar que los afiliados sean concentrados en la EPS con mayor cuota de mercado, favoreciendo una distribución proporcional entre las entidades receptoras.
Una vez reasignados, los usuarios deberán permanecer en la nueva EPS durante un periodo mínimo de 60 días, tras lo cual podrán ejercer su derecho de libre escogencia y trasladarse a otra entidad que también opere en su municipio.
El Gobierno argumenta que estos ajustes buscan asegurar una prestación de servicios más equitativa y sostenible en todo el país, al tiempo que responde a las diferencias demográficas y de capacidad operativa entre regiones.
Sin embargo, este decreto también ha generado preocupación entre expertos y usuarios, dado que podría implicar traslados masivos de afiliados y reorganizaciones significativas dentro del Sistema de Salud colombiano.