El representante a la Cámara Andrés Forero (Partido Conservador) cuestionó el manejo de recursos durante la intervención de Famisanar, mientras el agente interventor defendió la gestión con cifras financieras y avances en atención.

Una nueva controversia se ha sumado a los desafíos que enfrenta el sistema de salud colombiano tras las acusaciones del representante a la Cámara Andrés Forero sobre un presunto uso irregular de recursos públicos en la EPS Famisanar, actualmente bajo intervención estatal por la Superintendencia Nacional de Salud.

Forero afirmó que la entidad —que ya registra una alta tasa de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) pese a la intervención— habría destinado dinero a una **fiesta de fin de año con un costo cercano a 119 millones de pesos, mientras pacientes con enfermedades de alto costo experimentaban dificultades para acceder a medicamentos. Según el congresista, los gastos incluyeron la contratación de un show musical, alimentación y arriendo de un espacio en Bogotá, y aseguró que el agente interventor negó la entrega de información oficial aduciendo que era “reservada”.

Además de la polémica por el evento, Forero ha cuestionado contrataciones y gastos administrativos atribuidos a la intervención, señalando que, en un corto periodo, se han vinculado decenas de personas con costos elevados para la entidad, lo que ha encendido el debate sobre la racionalidad en el uso de recursos públicos mientras persisten quejas de afiliados.

Respuesta técnica de la intervención

En respuesta a los señalamientos, el agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallo, rechazó las acusaciones de mal uso de recursos y enfatizó que el debate debe centrarse en datos verificables y resultados concretos.

Gallo señaló que, durante los primeros 60 días de su gestión, se implementaron medidas administrativas y de disciplina financiera que han generado avances, incluyendo una reducción del 43 % en la pérdida proyectada de la EPS y una disminución de la siniestralidad del 117,6 % al 108,5 %, indicadores que buscan reflejar una mejora en la gestión de recursos.

En cuanto al control de gastos, indicó que los costos administrativos de la EPS se mantienen dentro del tope regulado del 8 % por vigencia, cerrando 2025 en 5,4 %, lo que, en su criterio, demuestra “austeridad, control y eficiencia”. Gallo agregó que se han fortalecido acciones para reducir el rezago en PQRD y promover la atención oportuna de solicitudes de los afiliados.

El agente interventor también invitó a Forero a participar en una mesa técnica de gestión con soporte documental para revisar avances y desafíos de manera seria, subrayando que “Famisanar no será instrumento de debates electorales”.

Contexto de la intervención

Famisanar se encuentra bajo intervención forzosa administrativa desde septiembre de 2023, medida prorrogada hasta 2026 por la Superintendencia Nacional de Salud debido a deficiencias en aspectos financieros y en la atención a los usuarios, incluyendo el incremento de quejas y reclamos que superan a años anteriores.

A pesar de la reducción de afiliados en los últimos años, la tasa de PQRD se ha mantenido alta, lo que refleja la complejidad de los retos que enfrenta la EPS intervenida y que han motivado tanto las medidas regulatorias como las críticas desde distintos sectores.
La polémica por el presunto uso indebido de recursos en Famisanar vuelve a colocar sobre la mesa la discusión sobre la eficacia y transparencia de las intervenciones estatales en EPS, en un contexto en que el sistema de salud sigue bajo presión por quejas de usuarios y retos operativos. A medida que se profundiza la evaluación técnica de la gestión y los indicadores de atención al afiliado, el debate sobre el equilibrio entre control financiero y servicio efectivo continuará siendo un tema central para autoridades, gremios y usuarios en 2026.