El Ministerio de Salud solicitó la liquidación de un contrato de más de $82.000 millones por incumplimientos en la construcción de CAPS, mientras congresistas denuncian obras paralizadas y recursos girados que no se vieron en la infraestructura.
El proyecto para construir 25 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en el departamento de La Guajira, una de las apuestas del Gobierno para ampliar el acceso a servicios básicos de salud en la región, enfrenta una crisis de ejecución y cuestionamientos por retrasos, obras inconclusas y manejo de recursos públicos.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que el contrato interadministrativo firmado por el Ministerio de Salud y Protección Social con la empresa ENTerritorio —a cargo de estructurar y ejecutar las obras— terminó convertido en lo que calificó como un “elefante blanco”, con proyectos sin avance visible y enormes sumas de dinero comprometidas sin resultados tangibles.
Este contrato, suscrito en abril de 2024 y valuado en más de $82.000 millones, pretendía levantar centros de atención básica en varios municipios guajiros para beneficiar a casi 400.000 habitantes de territorios como Riohacha, Maicao, Uribia, Fonseca, Dibulla y San Juan del Cesar. Sin embargo, investigaciones revelan que 12 proyectos no muestran ningún avance, nueve apenas alcanzan 8 % de ejecución y cuatro nunca llegaron a firmarse, pese a que alrededor de $16.000 millones ya fueron girados desde el Ministerio.
Frente a estos hallazgos, el Ministerio de Salud confirmó que ha actuado ante los supuestos incumplimientos, sancionó a ENTerritorio y declaró la terminación del convenio interadministrativo, el cual venció en noviembre de 2025, sin que las obras se hubieran concluido. La cartera también indicó que ya solicitó la devolución de los recursos girados y que el proceso de liquidación del contrato está en curso.
En su comunicación oficial, el ministerio explicó que solo se efectuó un giro por aproximadamente $16.000 millones a la fiducia encargada de administrar los recursos, y que estos serán devueltos al tesoro nacional en virtud de la liquidación en trámite, negando la prórroga solicitada por ENTerritorio ante los evidentes retrasos.
Juvinao cuestionó además la inclusión de algunos municipios en el proyecto que no estarían amparados por la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, y señaló que la manera en que se estructuró el contrato podría haber generado distorsiones en la ejecución y en la priorización de las obras.
Las comunidades locales, que esperaban contar con centros que facilitaran el acceso a atención básica como medicina general, pediatría o ginecobstetricia, han quedado sin respuestas claras sobre la fecha de entrega de estas infraestructuras ni sobre la forma en que se atenderán las necesidades de salud pendientes.
Este caso pone en el centro del debate la planeación, ejecución y control de recursos públicos en proyectos de infraestructura sanitaria, clave para garantizar el acceso a servicios primarios en zonas con déficit de cobertura médica como La Guajira. Las autoridades competentes enfrentan ahora el reto de explicar las causas de los retrasos, recuperar los recursos y definir cómo se garantizará la atención de salud en los municipios afectados mientras se resuelve este entuerto contractual.