El ente de control alertó que durante la intervención forzosa se autorizaron giros sin justificación legal, y los recursos aún no han sido recuperad
La Contraloría General de la República reveló que, tras una auditoría a la gestión de Asmet Salud EPS —empresa que atiende a más de 1,5 millones de afiliados en 12 departamentos y está bajo intervención desde mayo de 2023— se detectaron presuntos giros injustificados por $23.426 millones realizados durante la intervención.
El hallazgo forma parte de un total de $24.849 millones en irregularidades identificadas por el órgano de control en las vigencias 2023 y 2024, tras evaluar el uso de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Según la Contraloría, los giros cuestionados fueron autorizados por RG Auditores S.A.S., la firma que la Superintendencia Nacional de Salud designó como interventora de la EPS. El ente de control aseguró que esta firma “modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores”.
De acuerdo con el informe, Asmet Salud había certificado 91 prestadores para pagos por giro directo, con un total de $47.809 millones. Sin embargo, en 74 de estos casos se giraron montos superiores a los inicialmente aprobados, según la auditoría.
Aunque ya se ha reintegrado parcialmente $24.383 millones, aún quedan pendientes por recuperar $23.426 millones, y no se ha presentado evidencia de que Asmet Salud haya iniciado gestiones administrativas o judiciales contra la interventoría para recuperar estos recursos, señaló la Contraloría.
Además, aunque Asmet Salud solicitó autorización para conciliaciones extrajudiciales con prestadores implicados, la gestión de estos procesos ha sido limitada, pues varios de los citados rechazaron la conciliación o no asistieron, lo que ha dificultado avanzar en la recuperación de los dineros.
El órgano de control enfatizó que la obligación de recuperar recursos públicos no desaparece pese a que la EPS no sea la responsable directa del giro observado, pues como gestora fiscal de los recursos del sistema de salud, la entidad debe proteger el patrimonio público.
Este hallazgo se suma a la ya delicada situación que afronta Asmet Salud en medio de su intervención, mientras la Superintendencia Nacional de Salud sostiene que la medida no implica la suspensión de los servicios para los afiliados y que la EPS continúa operando bajo supervisión técnica.