El Congreso aprueba aumentar los recursos al DAPRE mientras recorta más del 47 % la inversión de la Defensoría del Pueblo, situación que desata críticas sobre prioridades del Estado.
El Presupuesto General de la Nación 2026 ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y social colombiano, tras conocerse que la Presidencia de la República —a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE)— recibirá un incremento de más de 280.000 millones de pesos, mientras entidades como la Defensoría del Pueblo sufrirán recortes superiores al 47 % en sus recursos de inversión.
De acuerdo con el documento presentado en el Congreso de la República, el monto global del presupuesto nacional se ajustó de $556,7 billones a $546,9 billones, una reducción cercana a los $10 billones. Sin embargo, la polémica surge por la redistribución interna de los recursos, que deja a varias entidades con menores fondos para su funcionamiento, mientras otras, especialmente la Presidencia, ven fortalecida su asignación.
El DAPRE, que en el primer debate contaba con una partida de $1,11 billones, pasó a tener $1,40 billones, un aumento que ha sido interpretado por sectores opositores como una señal de posible uso político del gasto público en un año pre-electoral. Desde el Gobierno, sin embargo, se argumenta que el incremento responde a “necesidades operativas y de fortalecimiento institucional” del Ejecutivo.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo pasará de tener $99.000 millones a solo $52.000 millones en inversión, lo que ha encendido alertas sobre la capacidad del organismo para atender sus funciones de defensa de los derechos humanos, atención a víctimas y monitoreo de situaciones de riesgo en regiones afectadas por el conflicto armado.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por el impacto de esta decisión, señalando que los recortes podrían afectar directamente los programas de acompañamiento a comunidades vulnerables. Varios analistas advierten que la reducción presupuestal podría limitar la presencia territorial de la Defensoría y su capacidad de respuesta frente a denuncias de violaciones de derechos.
El debate en torno al presupuesto 2026 continúa, mientras congresistas de oposición y organizaciones civiles exigen mayor transparencia y criterios técnicos en la distribución de los recursos públicos, para evitar desequilibrios que afecten la protección ciudadana y el fortalecimiento institucional del Estado.