La medida quedó establecida en el Decreto 0030 y aplicará únicamente para el nuevo Congreso que se posesione en el próximo periodo legislativo, como parte de la política de austeridad fiscal del Ejecutivo.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) firmó este martes el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual queda en firme el recorte salarial para los congresistas al eliminar la prima especial de servicios que recibían los parlamentarios, y que dejará de aplicarse a partir del 20 de julio de 2026, cuando asuma el nuevo periodo legislativo.

La prima especial de servicios había sido instaurada en 2013 mediante el Decreto 2170, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, como un beneficio que sustituyó otras bonificaciones por localización, vivienda y salud. Con el paso de los años, este pago se convirtió en un complemento importante al salario de los congresistas, llegando a representar más de $16,9 millones mensuales por legislador.

Con la eliminación de este beneficio, los ingresos de los futuros senadores y representantes se reducirán de manera significativa respecto a lo que percibían con el esquema anterior, ya que la remuneración se compondrá únicamente del salario básico y otros gastos de representación.

El Gobierno argumenta en el decreto que la eliminación de esta prima obedece a la necesidad de asegurar la sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad, en un contexto en que la remuneración de los congresistas ha sido considerada por las autoridades como “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la población y la realidad económica del país.

Según el Ejecutivo, la medida no afectará a los congresistas que actualmente ejercen, ya que solo se aplicará a quienes se posesionen en julio de 2026 tras las elecciones de marzo de ese año.

La eliminación de la prima de servicios se enmarca dentro de una política de ahorro y ajuste fiscal, que busca reorientar recursos del presupuesto hacia otros sectores prioritarios sin vulnerar derechos fundamentales.

El Decreto 0030 representa un cambio importante en el régimen remuneratorio de los congresistas colombianos, en línea con las discusiones públicas sobre austeridad y equidad salarial. Al eliminar un beneficio que durante años fue objeto de críticas por parte de la opinión pública y algunos sectores políticos, la medida marca un precedente en la configuración de las condiciones laborales y retributivas de los futuros parlamentarios, y podría abrir la puerta a debates sobre ajustes adicionales al salario y demás beneficios de altos cargos públicos en Colombia.