La justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para dos exministros del gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Un Tribunal Superior de Bogotá decidió este jueves enviar a la cárcel a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, como medida preventiva mientras avanza la investigación en su contra por el caso de corrupción más sonado del Gobierno Petro hasta ahora. 

La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero determinó que no se cumplían los requisitos legales para concederles detención domiciliaria, por lo que dispuso que permanezcan privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal. 

La Fiscalía General de la Nación imputó a Bonilla y Velasco por presuntos delitos que incluyen concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con un esquema en el que se habría utilizado recursos de la UNGRD e Invías para favorecer contratistas y posiblemente influir en el Congreso. 

Según la acusación, entre 2023 y 2024 los exministros habrían comprometido cientos de miles de millones de pesos en contratos y recursos públicos con la supuesta intención de asegurar apoyo político a proyectos de ley; la Fiscalía describe este entramado como una “empresa criminal organizada”. 

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión judicial y afirmó que no le corresponde a él calificar si sus exministros son o no corruptos, pues esa es una función de los jueces y fiscales. Rechazó emitir juicios de valor sobre los hechos y señaló que la responsabilidad última de los recursos implicados, según su versión, recae en otros actores como el exdirector de la UNGRD. 

Sectores de la oposición en el Congreso calificaron la decisión como una demostración de prácticas irregulares en el manejo de recursos públicos y denunciaron que se habrían utilizado dineros estatales para comprar mayorías legislativas a favor de la agenda gubernamental. Voces críticas han señalado que la situación deja en evidencia una **crisis de credibilidad política y práctica de “viejas prácticas” que trascienden al Gobierno actual. 

Algunos dirigentes políticos de oposición incluso han calificado al Gobierno y a sus exministros con términos duros, acusando que los hechos reflejan una estrategia criminal para lograr apoyos legislativos —publicaciones en redes sociales han usado un lenguaje fuertemente crítico en torno a la magnitud del caso y vínculos políticos. 

Tanto Bonilla como Velasco han negado los cargos y se han declarado inocentes, anunciando que apelarán la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal, y que tienen material probatorio para demostrar su inocencia durante el proceso. 

La medida de prisión no es una sentencia, sino una decisión cautelar mientras continúa el desarrollo de la investigación y el proceso judicial. La defensa podrá presentar recursos ante instancias superiores en las próximas semanas. 

El envío a la cárcel de dos exministros del gobierno de Gustavo Petro por el caso de corrupción en la UNGRD supone un impacto político y jurídico significativo en Colombia. Más allá de los debates políticos que ha generado, la decisión marca un hito en el avance de una investigación que involucra a altos exfuncionarios por presuntos delitos contra la administración pública, y continuará en la agenda judicial y política del país en los próximos meses.